Según esta diputada, que intervino en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso, el Ejecutivo, tras seis años de legislatura sin ser capaz de solucionar los problemas sobre las condiciones laborales de los controladores aéreos, “les lanzó un órdago en vísperas del puente”.

“Hizo explotar un conflicto que no sólo ha causado grandes inconveniencias a 900.000 pasajeros, sino que también ha provocado millones de euros en pérdidas a las aerolíneas, los hoteles y los restaurantes”, añadió.

Asimismo, advirtió de que si todos los afectados reclamaran la cantidad máxima que los tribunales han fallado en casos similares, Aena podría tener que pagar 6.000 millones de euros en indemnizaciones.

Por último, consideró que lo ocurrido dañó “la imagen de España en general y del turismo en particular porque se generó la sensación de descontrol e incertidumbre a los ojos de la opinión pública mundial por la declaración del estado de alarma”.