La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Ignacio Pérez Villamil, desestima todos los motivos argumentados en el recurso presentado por la defensa del condenado correspondientes, entre otros, a la insuficiente motivación del veredicto, la falta de motivación general de la sentencia dictada por la magistrada presidenta del Tribunal del Jurado, una concurrencia de motivos para haber devuelto el veredicto, parcialidad en las instrucciones dadas al jurado o la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

Además, y con respecto a la posición de garante del apelante, la sala considera que, en este caso, "resulta incuestionable" pues dicha posición la determina fundamentalmente el haber sido el condenado el autor de las lesiones que pusieron en riesgo a la víctima desatendiéndose luego de ella sin solicitar asistencia médica.

Como refleja la resolución, esta posición de garante "se define genéricamente por la relación existente entre un sujeto y un bien jurídico, en virtud de la cual aquél se hace responsable de la indemnidad de éste. De tal relación surge para el sujeto, por ello, un deber jurídico específico de impedir el resultado que la dañe, de ahí que su no evitación por el garante sería equiparable a su realización mediante una conducta activa".

Además, consideran que "concurren en el acusado dos circunstancias, que la sentencia impugnada refiere, que le hacen ser merecedor de tal condición. De un lado, la de conviviente de hecho con la víctima, a la que le unía una duradera relación sentimental, unido a la discapacidad" de ésta. Señala también que de haber pedio atención sanitaria se “hubiera evitado con toda probabilidad el fallecimiento” de la víctima, lo que justifica la condena. La sentencia, que no es firme, puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.