Así respondió Maroto durante la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja a una pregunta del diputado de Vox José María Figaredo, quien atribuyó la decisión de alcoa de cerrar la planta a la inseguridad jurídica y al alto coste de la energía.

El plan industrial rechazado por Alcoa es a diez años con dos propuestas de viabilidad para la planta, enmarcadas en un contrato bilateral con varias fuentes energéticas (gas de alta eficiencia de 100/200 MW, parque eólico de 400 MW y parque fotovoltaico de 800 MW) y un precio de energía en un rango de 25 a 35 megavatios hora a partir de los instrumentos actualmente en curso y de la entrada de socios.

Con ello, según el Ministerio, el precio de la energía no es el problema ya que la planta podría ser viable. Considera que se puede hacer un contrato a largo plazo con la vista puesta en el futuro, producir hidrógeno verde e introducir un proceso de producción más limpio y sostenible.

A este respecto, Maroto destacó que “el Gobierno tiene como prioridad proteger el empleo y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”. “Nuestros principios son la unidad de acción, la búsqueda de soluciones y la lealtad institucional con el único objetivo de proteger a los trabajadores y a sus familias”, añadió.

En esta línea, reprochó a Figaredo que “el programa electoral de Vox es todo menos la protección del empleo” al defender la reducción del derecho a huelga y la negociación colectiva, así como el despido con 20 días por año trabajado.

Además, criticó al partido de Santiago Abascal por “alinearse con la Xunta para proteger a Alcoa en lugar de alinearse con los trabajadores”.

A continuación, en una interpelación del diputado del BNG Néstor Rego, la ministra reveló que el Gobierno ha planteado un requerimiento a Alcoa para que actualice sus compromisos con la planta en relación con las ayudas por los costes de compensación de las emisiones de CO2.

Tras recordar que la recepción de dichas ayudas conlleva el compromiso de mantener el empleo durante tres años, anunció que el Ejecutivo se le plantea pedir su devolución si la multinacional sigue adelante con el cierre de esta planta.

Por último, reprochó a Alcoa que haya solicitado de nuevo esta ayuda, en este caso por un importe superior a los 38 millones de euros. “A Alcoa lo único que le interesa es seguirse financiando con los impuestos de los españoles”, sentenció.