Esos perjuicios consisten en que el plan menoscaba la posición y la imagen internacional de España, en cuanto que la ejecución del mencionado plan de carácter omnicomprensivo y los objetivos que persigue va en detrimento del interés general que se expresa en la acción exterior española.

El TC aprobó en octubre de 2019 una providencia que ordenaba la suspensión de la vigencia y aplicación del Plan Estratégico de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea 2019-2022 del Gobierno catalán. El tribunal admitía a trámite en ese momento el conflicto positivo de competencia interpuesto por el Gobierno de España contra la Generalitat de Cataluña. El Gobierno de la nación invocó el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produjo la suspensión del acuerdo recurrido.

El Consejo de Ministros decidió acudir al TC contra el plan aprobado en junio del pasado año y explicó que consideraba que el Govern se excedía en sus competencias y menoscababa las del Estado. "Pretende el desprestigio de la imagen internacional de España", lo que se traduce en "una diversidad de actuaciones" del propio Torra, de sus consellers y de las delegaciones de Cataluña en el exterior, indicó en aquel momento la ministra portavoz Isabel Celaá.

El plan fue aprobado el 25 de junio. En agosto, el Gobierno envió un requerimiento a la Generalitat advirtiéndola de que no era competente para aprobar una iniciativa con esos contenidos, pero el Ejecutivo catalán respondió el pasado 26 de septiembre "negativamente", es decir, afirmando que no pensaba corregir nada.

Tras consultar al Consejo de Estado y recibir informe favorable, el Ejecutivo decidió presentar lo que se denomina conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional y solicitó la inmediata suspensión del plan.

A efectos prácticos, la decisión supone que la Generalitat no podrá invocar en ninguna actuación este plan aunque el recurso no supone el cierre de las llamadas embajadas catalanas, que sigue un proceso independiente y paralelo.