La proposición, que en febrero recibió la luz verde de la Cámara Baja para iniciar su tramitación por 198 votos a favor, 134 votos en contra y 7 abstenciones, plantea reformar el artículo 15 de la Ley, que actualmente obliga a que los objetivos de estabilidad deban ser aprobados tanto por el Congreso como por el Senado, cuando la práctica legislativa habitual es que si la Cámara Alta rechaza una iniciativa ya aprobada por la Cámara Baja, esta última pueda levantar el veto.

En este sentido, mientras que la actual redacción de la Ley exige la aprobación del Senado, dando un mes para volver a presentar una propuesta de senda en caso de que sea rechazada, la propuesta del Grupo Socialista indica que, en caso de ser rechazada por el Senado, los mismos objetivos serían votados de nuevo por el Pleno del Congreso, quedando aprobados con mayoría simple.

A este cambio en la formulación de la ley se opone el Grupo Popular, que ha presentado una enmienda a la totalidad para rechazar la proposición de los socialistas y mantener la redacción actual de la ley, asegurando al Senado la capacidad para rechazar los objetivos de estabilidad sin que el Congreso pueda levantar dicho veto.

Para los populares, “el Senado, como Cámara de representación territorial, debe tener capacidad para decidir sobre los temas que les incumben de forma excepcional, y este es el caso de los objetivos de deuda y déficit, ya que para comunidades autónomas y entidades locales son la base que les permite elaborar sus propios presupuestos”.

Además, señalan que “esto no supone ninguna anormalidad normativa, ya que son numerosos los casos en los que el Senado o bien iguala sus funciones a las del Congreso o bien se pronuncia con carácter previo o exclusivo”.

Por otro lado, el grupo parlamentario de Vox ha presentado una enmienda a la totalidad, con texto alternativo, en la que se muestra a favor de eliminar la capacidad de veto del Senado, al considerar que la actual redacción otorga al Senado “unas competencias sobredimensionadas”, pero considera que la propuesta del PSOE “no es una solución razonable”, por lo que propone que, en caso de que la Cámara Alta rechace los objetivos de estabilidad, la posterior votación en el Congreso de los Diputados requiera de mayoría absoluta para la aprobación definitiva de los objetivos.

Otros grupos también han presentado enmiendas de modificación a la proposición del Grupo Socialista. Es el caso de Ciudadanos, que en su enmienda propone que “en caso de que el Senado vetara la propuesta del Gobierno, esta se someterá de nuevo a votación en el Congreso que, por el voto favorable de una mayoría de tres quintos de los miembros de la Cámara, podrá levantar dicho veto”.

REGLA DE GASTO

El resto de enmiendas presentadas por otras formaciones políticas proponen cambios en la Ley de Estabilidad referentes a otros aspectos. Así, Más País plantea modificar la norma para, por un lado, cambiar la regla de gasto y, por otro, permitir que las administraciones con superávit puedan destinar parte del mismo a otros usos que no sean la reducción del endeudamiento, variando el porcentaje que puedan utilizar según su volumen de deuda.

ERC, por su parte, propone también modificar la regla de gasto, así como un cambio en la ley para que las corporaciones locales, obligadas actualmente a mantener el equilibrio presupuestario aun cuando al Estado y a las comunidades se les levanta esta obligación, “puedan incurrir en déficit en aquellos ejercicios en que hayan tenido lugar situaciones de emergencia fruto de catástrofes naturales, emergencias sanitarias o situaciones análogas, y siempre que puedan justificar que este déficit no tiene carácter estructural y además presenten un nivel de endeudamiento inferior al 110 % sobre sus ingresos corrientes”.

Asimismo, una de las enmiendas presentadas por ERC contempla que durante los ejercicios 2020 y 2021 los ayuntamientos y comunidades autónomas queden exentas de las medidas correctivas derivadas del incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, reglas del gasto y sostenibilidad financiera.

Por último, también Junts per Catalunya propone una enmienda para que la regla de gasto no sea de aplicación para los ayuntamientos durante los ejercicios presupuestarios del 2020 y 2021.