Así lo anunció este miércoles el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en la sesión de control en el Pleno del Parlamento, donde pidió el apoyo de las demás fuerzas políticas para exigir que "a Galicia se le dé lo que corresponde". Señaló que este asunto será abordado también mañana, jueves, en el Consejo de la Xunta.

Según la Consejería de Hacienda, la cifra total del dinero que de acuerdo con el sistema de financiación le corresponde a Galicia este año, alcanza los 805,43 millones de euros, que proceden de diferentes conceptos. Por un lado está el denominado "statu quo", que se refiere a una cuantía mínima que debe recibir la comunidad.

Según el Gobierno gallego, esta cifra se había fijado en el acuerdo de financiación en 1.400 millones de euros, y el Estado fijó en 228,81 millones menos la cuantía asignada a este año a la comunidad, supuestamente al margen del sistema pactado.

A esta cifra se suman 171,61 millones de euros que reclama el Ejecutivo autonómico por los ajustes del IVA. Según la Xunta, el incremento de este impuesto, de acuerdo con la normativa actual, ocasiona un ajuste en el fondo de suficiencia, de manera que Hacienda asegura que se está restando esta cuantía de tal fondo en 2011, cuando corresponde hacerlo en 2013.

Los 405 millones que completan las demandas del Gobierno gallego se refieren a los anticipos del fondo de cooperación de 2011 (242,65 millones, incluidos en los Presupuestos Generales de Galicia pero no entregados por el Estado) y de recursos adicionales de 2010 (162,36 millones). Al parecer, según el sistema de financiación, estos fondos serían entregados cada año, si bien el Gobierno central no los anticipa, según el Ejecutivo gallego.

PROCEDIMIENTO

Para reclamar estos 805 millones de euros, el Gobierno gallego solicitará una reunión de la comisión bilateral entre las administraciones autonómica y estatal, con el fin de negociar y tratar de llegar a un acuerdo. Tal convocatoria será previamente anunciada ante el Tribunal Constitucional, ya que si no hay un acuerdo, la búsqueda de una resolución al conflicto está en este ámbito.

Así, según la Xunta, en caso de que las negociaciones sean infructuosas, el Gobierno gallego podría llevar la ley de Presupuestos Generales del Estado al alto tribunal, para que resuelva si se cumple en la misma el sistema de financiación.

El plazo para recurrir es de tres meses, pero si la solicitud de la convocatoria de comisión bilateral se comunica al Constitucional, se amplía el plazo durante unos seis meses más.

Según el Gobierno gallego, otras comunidades autónomas están manejando también la posibilidad de recurrir la ley de presupuestos estatales, al detectar cifras no ajustadas al sistema de financiación en las asignaciones realizadas por el Estado.