Según informó Justicia, el titular del departamento, Juan Carlos Campo, dio a conocer la aprobación del decreto durante una videoconferencia con el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Antonio Alonso, así como con responsables de los otros centros forenses que existen en el país.

Con la incorporación al MIR de la especialidad de medicina legal y forense, Justicia culmina un proyecto largamente trabajado en colaboración con el Ministerio de Sanidad y en respuesta a las demandas del sector.

Campo indicó que la promulgación del decreto, que equiparará a los forenses al resto de médicos en cuanto a la forma y calidad de su formación, va a permitir avanzar hacia una Justicia profesional y altamente cualificada, reforzando su orientación ciudadana.

VOLCADOS CONTRA EL COVID-19

En su videoconferencia con los forenses, el ministro agradeció que estos profesionales hayan tenido una implicación “muy meritoria” en la lucha contra el Covid-19. Así, Justicia puso a disposición de Sanidad desde el primer momento a más de 1.300 profesionales, entre médicos forenses, facultativos y técnicos, colaborando muchos de ellos en centros sanitarios y laboratorios de microbiología o desempeñando diferentes tareas de gestión y monitorización.

El ministró destacó también la labor desarrollada durante la emergencia sanitaria por el Servicio de Información Toxicológica (SIT), que detectó un incremento en las intoxicaciones relacionadas con la mezcla y el mal uso de productos de limpieza a raíz de la pandemia. El SIT funciona desde 1971 como centro antitóxico y atiende consultas procedentes de toda la geografía española las 24 horas al día y los 365 días del año.

El servicio público prestado durante la crisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses se ha visto reforzado gracias al suministro de material sanitario y pruebas PCR para la protección del personal con riesgo alto de exposición al virus. Su aprovisionamiento por parte del Ministerio de Justicia se formalizó a través de dos contratos de emergencia por valor de 468.504,54 euros.