Así lo defendió a través de un comunicado en el que hizo hincapié en la profesionalidad del personal de la sanidad durante la crisis sanitaria y subrayó que, de acuerdo al Código Deontológico Médico, “se han limitado a atender a los enfermos lo mejor que han podido con los medios que tenían a su alcance” y sin que, a su juicio, “se les pueda atribuir responsabilidades por decisiones de carácter político”.

“El profesional de la sanidad se limita a seguir las instrucciones de sus superiores y no tiene responsabilidades sobre decisiones que superan sus competencias, como la de decidir a qué tipo de paciente se le ingresa en un hospital y a cuál no”, abundó, al tiempo que insistió en que, si estas instrucciones existieron, “la responsabilidad es de quien las dictó, es decir, de los representantes políticos”.

A este respecto, la central sindical aseveró que, si la decisión que adoptaron estos fue la de “descartar” los ingresos hospitalarios de pacientes de mayor edad, “el gran error que se cometió durante esta crisis fue no medicalizar las residencias de mayores”.

CSIF subrayó que la gestión de esta crisis sanitaria ha puesto “al descubierto” las “carencias” del servicio madrileño de salud y del sistema nacional en su conjunto, por lo que valoró como una “alarmante falta de previsión” tanto de medios de prevención como de recursos humanos, con unas plantillas que, según su criterio, “se han revelado insuficientes”.

Por ello, CSIF volvió a reclamar que el futuro plan de reconstrucción contemple la necesidad de reforzar las plantillas y un incremento de la financiación que “devuelva a la sanidad pública los niveles de calidad que la situaban entre los mejores sistemas del mundo” y que, denunció, “tras años de recortes, se ha visto mermada”.

Para la central sindical, los tribunales serán los encargados de determinar las responsabilidades políticas por esta “mala gestión”. “Tanto por decisiones de triaje cuestionables dictadas por los poderes políticos, como por una alarmante carencia de medios de prevención que provocó una alta tasa de contagios entre los profesionales de la sanidad”, espetó CSIF, que presentó una querella contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, por esta cuestión.