En una nota difundida por la Comisión Episcopal de Educación y Cultura, los prelados reflejaron su preocupación por que la reforma educativa recoja "plenamente" el respeto "por la responsabilidad y los derechos de los padres en la educacion de los hijos", como plasma la Constitución y en su interpretación jurisprudencial. "Si el Estado tiene una tarea principal en la defensa y la promoción del bien de la educación para todos, no es sin embargo el sujeto del derecho educativo".

La Iglesia, como "parte" de la sociedad, considera que es su "responsabilidad" participar en el debate público de la tramitación de la reforma educativa y recalca que el proyecto de ley de la Lomloe se está tramitando en las "circunstancias tan extraordinarias como las de un “estado de alarma”.

En la nota insisten "en la necesidad de proteger y promover el derecho a la educación y la libertad de enseñanza". "En este mismo sentido, parece necesario que, a diferencia del actual proyecto, la futura Ley siga recogiendo la 'demanda social' en todas las etapas del proceso educativo, desde la libertad de elección de centro escolar, que incluye la gratuidad de la enseñanza sin discriminaciones, al trato en igualdad de condiciones de los diversos centros y a la libertad para su creación", agregan.

También reclaman que, como "la formación integral es un principio educativo recogido también por la Constitución", en consecuencia, "no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona" y en concreto de la asigntura de Religión.

"Esta asignatura no puede plantearse de manera ajena a la identidad cultural, moral y religiosa de la persona", subrayan, a lo que añaden que la persona "no existe nunca como individuo aislado, "sino como miembro de un pueblo, partícipe de una cultura, de una tradición". "La cual, en el caso de nuestra sociedad, como en el de los diferentes países europeos, no se entendería sin conocer y comprender la fe cristiana", añaden.

Los obispos reconocen que la asignatura de Religión "puede ser integrada de varios modos" en el currículo, sin que se generen "para nadie agravios comparativos", pero "de igual manera, habrá de respetarse el conjunto de exigencias propias de su presencia en el ámbito escolar, relativas a la metodología o al estatuto del profesorado, sin ser considerada ajena al proceso educativo". "Por ello, debe ser una asignatura comparable a otras asignaturas fundamentales y, por tanto, evaluable de igual manera", piden, llamando al "diálogo y la participación de "todos" para un "pacto social" y un "pacto escolar".