Con 260 votos a favor y una única abstención, la proposición que hoy se admitió a trámite implica una reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, a fin de regular con mayor claridad la accesibilidad cognitiva y su aplicación.

Promovida por Ciudadanos, busca "garantizar de forma efectiva" la accesibilidad cognitiva de las personas con dificultades de comprensión y comunicación al entorno físico, los transportes, las nuevas tecnologías, la información y la comunicación y todo edificio o servicio público.

En línea con las demandas del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), recoge la lectura fácil dentro de los apoyos complementarios previstos y clarifica qué debe entenderse por accesibilidad.

En la defensa de su propuesta, el senador de Ciudadanos Tomás Marcos recurrió a la 'lectura fácil' para explicar la iniciativa, esto es, reprodujo un texto escrito con "frases cortas, con una sola idea y evitando las negaciones".

"La accesibilidad tiene que estar en todos los derechos para que las personas con discapacidad puedan disfrutarlos", y como ejemplo expuso que es equiparable a que "los hospitales no fuesen accesibles, esto es como si no tuviesen derecho a la salud".

Marcos explicó que la accesibilidad cognitiva "es la característica que tienen las cosas para que todas las personas las puedan entender. "Si está en las leyes, esto hará que las personas con discapacidad intelectual, autismo o con problemas de salud mental, pero también las personas mayores, las que están de visita en España y quienes no saben leer bien" tengan garantizados sus derechos.

"En definitiva, lo que hoy traemos y hoy queremos que tomen en consideración trata de esto, de que la accesibilidad sea para todas las personas", indicó Marcos.

Además de este texto en lectura fácil, el senador mostró un pictograma relativo a la accesibilidad cognitiva y destacó que tanto este apoyo como el texto leído previamente fueron validados por personas con TEA y con discapacidad intelectual.

"Visitar un museo, viajar en metro o autobús, disfrutar de una película, abrir una cuenta bancaria, recibir un diagnóstico médico o entender un programa electoral". Estas son algunas de las actividades básicas de la vida diaria que, "si no hay accesibilidad cognitiva", muchas personas con discapacidad no podrán realizar, subrayó Marcos.

APOYO UNÁNIME

El resto de grupos se mostraron partidarios de la iniciativa. Para el senador de Vox Jacobo González-Robatto, "atentaría contra el sentido común votar en contra de esta propuesta de ley", que viene a proteger a las personas con discapacidad.

Por su parte, la senadora del PSOE Patricia Abascal indicó que la accesibilidad cognitiva "es el elemento que permite poder vivir en igualdad y de forma independiente" a todas las personas con discapacidad intelectual, mientras que la representante del PNV, María Rosa Peral, declaró que "se trata de un derecho llave, pues abre la puerta a todos los demás derechos".

La senadora de JXCat María Teresa Rivero subrayó que "todavía queda mucho por hacer en la eliminación de barreras muy visuales, como pueden ser las arquitectónicas" y, por el mismo motivo, hay que "trabajar para eliminar otras barreras menos visuales, como son las cognitivas".

Según Eduardo Fernández, de Más Madrid, "no todos tenemos las mismas capacidades, pero sí tenemos el mismo derecho a participar en pie de iguadldad" en la sociedad.

El senador Josep Rufà, de ERC, se refirió a la lectura fácil y la utilización de pictogramas como "apoyos esenciales" que deben ser garatnizados para que las personas con discapacidad intelectual disfruten de sus derechos, y la senadora del PP Violante Tomás destacó la necesidad de avanzar en la regulación de la accesibilidad cogntiva, tal y como establece la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Asimismo, varios portavoces agradecieron los trabajos realizados por el Cermi y por Plena Inclusión en este terreno, y transmitieron su apoyo a las personas con discapacidad fallecidas a causa de la Covid-19."

La iniciativa, que ahora ha de continuar su tramitación en el Congreso, impone un plazo máximo de dos años para aprobar el reglamento específico que desarrolle las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva introducidas por esta norma y para la aprobación de un Plan Nacional de Promoción de la Accesibilidad Cognitiva, con vigencia entre 2020 y 2025.

CENTRO DE REFERENCIA

También fija un máximo de dos años para la creación del Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva, como organismo dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad. Según Marcos, estas dos últimas previsiones responden a "una demanda muy generalizada" del sector de la discapacidad que exige investigaciones de calidad y garantías para que la norma efectivamente se cumpla.

Por eso, hay que establecer plazos, explicó, porque los derechos sociales deben ser tan "exigibles" como la educación o la salud, donde "sí existe un consenso".

La norma consta de un artículo único que incluye la modificación y la adición de diversos artículos de la citada Ley general de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En concreto, incorpora dos nuevas letras (l y ñ) al artículo 2, a fin de introducir las definiciones de 'accesibilidad cognitiva' y de 'lectura fácil'. Éstas se basan en la redacción de la recientemente aprobada 'Norma sobre lectura fácil y recomendaciones para la elaboración de documentos'.

También cambia el artículo 5 (sobre el ámbito de aplicación de la ley) para recoger de forma explícita que la accesibilidad cognitiva se encuentra incluida dentro de cualquier referencia a la accesibilidad universal, lo que implica la obligación de adoptar medidas específicas para garantizarla en todos los ámbitos que la ley enumera.

En consecuencia, modifica el apartado 1 del artículo 23 y añade que la obligación del Gobierno de regular las condiciones de accesibilidad y no discriminación incluye también la obligación de determinar y regular estos requisitos cuando de accesibilidad cognitiva se trata.

Finalmente, establece que en el plazo máximo de dos años, el Gobierno deberá haber realizado los estudios integrales sobre accesibilidad cognitiva previos al desarrollo normativo específico sobre las condiciones básicas para dicha accesibilidad.

Asimismo, el centro estatal de referencia se ocupará de realizar estudios e investigaciones y de fomentar la generación y transferencia de conocimiento, así como de impulsar la formación y capacitación, el registro y extensión de buenas prácticas, la observación de la realidad y las tendencias, las acciones de prospectiva, el seguimiento y la evaluación y, en general, la promoción de todo lo relativo a la accesibilidad cognitiva en España.