El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, defendió la iniciativa, obteniendo solo el respaldo del PP y de Vox a la toma en consideración, mientras que los demás grupos objetaron, entre otros argumentos, que se trata de un texto "desfasado" que no tiene en cuenta la Directiva europea que España debe trasponer en materia de denuncias de corrupción, y que además se debería contar con informes de órganos constitucionales, como el Consejo Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial, previos a la presentación de una iniciativa gubernamental.

De hecho, el PSOE subrayó que ya se trabaja en la Comisión de Codificación sobre una propuesta que contará con esos informes, y subrayó la voluntad de los socialistas de contar con aportaciones de los demás grupos cuando llegue el trámite parlamentario.

La propuesta de Ciudadanos era prácticamente idéntica a la que fue tomada en consideración en la anterior legislatura y que quedó bloqueada en la fase de enmiendas, de lo que Ciudadanos culpa tanto al PSOE como al PP por su interés, tal y como denunciaron, en mantener el actual régimen jurídico.

En la exposición de motivos, Ciudadanos subraya que la corrupción es “una de las preocupaciones principales de los españoles” y que sus consecuencias no se notan sólo en la eficiencia de las administraciones ni en la merma de recursos públicos, sino que es “un problema sistémico que afecta al corazón de la democracia”. “Una democracia fuerte y sana exige instituciones limpias y políticos fuera de toda sospecha”, y más allá de la aplicación del Código Penal la actividad pública “debe llevar aparejada una exigencia de integridad y proceder ético singular”.

En su iniciativa, Ciudadanos defendía la implementación de políticas efectivas que promuevan la participación de la sociedad y afiancen los principios del Estado de derecho, tales como la integridad, la transparencia y la responsabilidad, entre otros. Para ello, abogaba por garantizar una función pública “profesional, independiente, y regida por criterios de igualdad, mérito y capacidad”.

La iniciativa establecía como derechos del denunciante el de confidencialidad, el de recibir información sobre la situación administrativa de su denuncia, el asesoramiento legal, la indemnidad de su puesto de trabajo y una justa indemnización por los daños que pueda sufrir como consecuencia directa de su denuncia. Incluía la creación de la Autoridad Independiente de Integridad Pública para el control y la supervisión del cumplimiento por las autoridades y el personal del sector público estatal de sus obligaciones en materia de conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades y buen gobierno.

Esa figura fue una de las más críticadas por algunos portavoces durante el debate, al destacar que ya hay organismos especializados en la lucha contra la corrupción y no imprescindible es garantizar que cuentan con los medios necesarios para realizar su labor, no introducir duplicidades. Además, varios de los portavoces criticaron también que Ciudadanos ponga solo el foco en las administraciones y funcionarios públicos y no en los "corruptores" privados.

La iniciativa de Ciudadanos pretendía también prohibir los indultos a condenados por delitos relaciondos con la corrupción, y tipificar como delito en enriquecimiento ilícito.