Defendió la iniciativa el diputado Jaume Alonso-Cuevillas, quien justificó la propuesta de adición de un apartado cuarto al artículo 61 del Reglamento, y aseguró haber sido “muy prudentes” por ceñir la posibilidad a casos de extrema necesidad como emergencias sanitarias y sin entrar en el 55, que reserva la misma para otros órganos del Congreso.

“Los ciudadanos no entenderían que no lo aprobáramos”, dejó caer, recordando el confinamiento y el teletrabajo y apuntando al ahorro económico que supondría en concepto de desplazamientos y a la posibilidad de un rebrote del coronavirus. Sólo bromeó con un posible reparo de los grupos parlamentarios, y previó una solución: “Si el miedo es que se aplique a (el expresidente de la Generalitat de Cataluña) el señor Puigdemont, lo ponemos de forma específica, que no se le puede aplicar”.

De paso, denunció los argumentos “insostenibles” con los que la Mesa del Congreso ha impedido crear una comisión de investigación sobre el Rey emérito, como hizo ayer con los votos de PSOE, PP y Vox con sendas solicitudes que firmaron, ambas, Unidas Podemos, ERC, Junts, PNV y EH Bildu, y pidió reformas más amplias para flexibilizar el Reglamento.

De los grupos que intervinieron, sólo Ciudadanos avanzó su voto favorable, por boca de Miguel Gutiérrez, quien recordó su grupo solicitó los plenos telemáticos en la Junta de Portavoces una semana después de declararse el estado de alarma y que se quedaron “solos siempre”. El problema, por tanto, es “el tiempo y la ejemplaridad que hemos perdido”, y que los políticos fueron “la excepción” cuando el resto de los ciudadanos estaban confinados y teletrabajando.

Coincidió en que la reforma del Reglamento del Congreso “es imprescindible”, pues a su modo de ver fue pensado para el bipartidismo, y sugirió ampliarlo a otros aspectos como que el presidente del Gobierno tenga que contestar a todos los grupos cada semana, que las preguntas se puedan cambiar sobre la marcha, para suprimir las inútiles proposiciones no de ley o para que no haga falta pedir de antemano el voto telemático.

Por todo ello, anunció el voto a favor a la propuesta aunque, a su juicio, Junts estaba interesado sólo en sus intereses independentistas, como financiar al propio Puigdemont con partidas presentadas como donaciones por el Covid.

LOS GRANDES EN CONTRA

En contra se pronunciaron los cuatro grandes grupos. Ana Belén Fernández Casero, del PSOE, señaló que el debate parlamentario debe ser dinámico y sin restricciones, y que en situación de emergencia deberían reforzarse estas garantías. Dijo que la no presencia limita la interacción, la flexibilidad, la comunicación no verbal y la posibilidad de acuerdos, y aseguró que, de hecho, el estado de alarma no había limitado la actividad parlamentaria, con plena participación de los grupos aunque hubiera tenido que adaptarse como otras profesiones.

“El carácter presencial viene determinado por la Constitución”, dijo, y recordó que el Tribunal Constitucional ya ha sentenciado que el sentido del voto de los grupos parlamentarios puede derivarse de la interacción directa en los debates. Terminó que sería interesante reflexionar sobre la esencia de la actividad parlamentaria para dar soluciones reales a las necesidades reales de los ciudadanos, y criticó el “parlamentarismo de argumentario único” que atribuyó a la derecha, pidiendo que dignifique la institución.

Desde el PP habló Isabel Borrego, quien, al contrario que la diputada socialista, lamentó que el Gobierno haya promovido, a su juicio, un “paripé” democrático en el que ha mercadeado concesiones y apoyos, de forma que los votos se conocen antes de los plenos, y que se haya perdido la confrontación de ideas con serenidad. Señaló que es muy importante que el Parlamento esté vivo, y ahí radica la necesidad de un trabajo presencial.

Reconoció que hace falta una modernización telemática, como la que a su juicio habría permitido una actividad plena en el estado de alarma, cuando mayor debía ser el control democrático, y atribuyó el que no se hiciera a un supuesto deseo del Gobierno de que el Parlamento funcionara “al ralentí”. También reclamó una mejora del voto telemático, pero llamó a no perder la esencia del parlamentarismo, cosa que a su juicio no garantizaba la iniciativa de Junts. Por ello, anunció el voto en contra de su grupo.

En nombre de Vox, Pablo Juan Calvo Liste comenzó a exponer el ‘no’ de su grupo llamando “partido golpista” a Junts, por lo que dijo sospechar que las verdaderas intenciones del grupo serían otras. Dijo que el debate público exigía la presencialidad, que le parece “consustancial a la actividad parlamentaria” por las posibilidades de interacción y lenguaje no gestual que permite. Además, evita la coacción en el voto y que un tercero lo deposite en lugar del diputado a distancia.

Calvo recordó que el Tribunal Constitucional ha consagrado en varias ocasiones la presencialidad, por lo que las ideas de la iniciativa podrían ser inconstitucionales. “No caben plenos integrales telemáticos”, estableció, apuntando las distorsiones en el debate, las transacciones o el voto que podrían crear un fallo técnico, y dejando caer que lo que Junts pretende es que un preso o un fugado participen en la democracia.

Finalmente, desde Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna reconoció que la pandemia había afectado al Congreso en el número de diputados presentes y órganos y temas que se podían reunir o abordar. Coincidió en que hay que pensar soluciones imaginativas para salvaguardar la actividad parlamentaria, y en que las videoconferencias podían ser una solución. “Compartimos el fondo de la iniciativa”, admitió, recordando que el 3 de abril Unidas Podemos ya registró una iniciativa análoga a la de Junts.

Argumentó el voto en contra de su grupo a que es “un poco escasa”, pues se limita a introducir un apartado a un artículo y no incorporaba las “garantías jurídicas” necesarias, como concretar los supuestos que permitirían los plenos telemáticos, regular los modelos de debate y votación o qué ocurriría en caso de fallos técnicos. “Las necesidades de mejora de esta proposición son demasiadas”, explicó, apuntando que perfeccionarla con enmiendas sueltas desnaturalizaría la iniciativa y la haría inconexa.