La mayoría de los grupos rechazaron retirar la reforma educativa que promueve la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, que defendió su proyecto es “necesario, oportuno y eficaz”, que tiene como objetivos “aumentar las oportunidades formativas de toda la población”, “favorecer la inclusión educativa” y “la atención personalizada”.

Durante su intervención, la ministra subrayó que su proyecto “cumple con el mandato constitucional de que padres profesores y alumnos intervendrán en las decisiones” y se comprometió “con la mejora de la financiación pública de la educación, superando la insuficiencia financiera que ha venido sufriendo la educación pública” para “no dejar a nadie atrás”. “Los talentos se potencian con inversión y no con recortes”, agregó.

Celaá aseguró también que “la actual ley debe de ser modificada” para corregir “las consecuencias negativas” que tiene la Lomce, entre las que citó el incremento de las tasas de repetición, la bajada de la titulación en secundaria y los itinerarios “que no conducen a título alguno”.

La responsable de las políticas educativas defendió que el texto cuenta con amplia participación y debate de la comunidad educativa y que es el mismo que llegó a la Cámara hace año y medio, aunque lo haya hecho de nuevo casi en paralelo al decreto del estado de alarma.

ENMIENDAS

La diputada de Ciudadanos Marta Martín expuso las razones por las que su grupo pide la retirada de la reforma. Para ello, insistió en que no es el momento para tramitarla “mientras los españoles estamos en otras cuestiones”, dijo en referencia a la crisis del Covid-19.

“El Gobierno nos presenta la ‘ley Celaá’ con una reforma que ahora no toca, de calado, sin consenso, y en una emergencia educativa”, recalcó. Martín considera que “es una dolosa falta de empatía con los ciudadanos y una profunda falta de responsabilidad” y que la ley “nace muerta por su fondo y su forma”.

“Si consigue ser aprobada esta ser va a ser derogada en cuanto cambie el color político de la nación” y tendrá “gravísimos problemas para ponerse en marcha en algunas CCAA”, agregó. “No ha aprendido nada de Wert, hoy le hace campeón del diálogo”, comparó Martín.

Después de afear al Ejecutivo que haya utilizado la reforma educativa como “bandera electoral” en cuestiones como la religión y la educación concertada, la diputada de Ciudadanos aseguró a Celaá que el proyecto se empezó a trabajar “hace más de un año” y “en unas circunstancias y gobierno distinto”, por lo que el texto “no ha pasado por los trámites preceptivos”, aseveró Martín.

VOX

La diputada de VOX Georgina Trías defendió la enmienda a la totalidad que ha presentado su grupo a la reforma educativa de Celaá, argumentando que en el Gobierno están “más interesados en sacar adelante su proyecto ideológico” y que no ha sido debatido suficientemente con las partes.

Según Trías, la Lomloe “es contraria a derechos y principios fundamentales”, en referencia al artículo 27.3 de la Constitución, sobre el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y valores.

“No vamos a consentir el adoctrinamiento sectario que quiere imponer la ideología de género en los niños”; “No vamos a permitir la corrupción de menores”; “Dejen en paz a nuestros hijos, dejen a los niños ser niños, a ver si ahora los más pequeños tienen que estar pensando en juegos eróticos”, aseveró.

La diputada defendió finalmente el papel de las familias en la educación, y aseguró que “no hay verdadera educación sin libertad”, ni libertad “sin amor”, que surge en el seno familiar “donde se despliegan os valores”.

PP

A continuación, tomó la palabra la diputada del PP Sandra Moneo, que justificó la enmienda a la totalidad presentada por los populares porque es “una ley del siglo pasado”, pues se basa en la LOE, un modelo “superado” y “ya testado que expulsó a uno de cada cuatro alumnos del sistema sin ningún tipo de titulación”.

Para el Grupo Popular, la propuesta de Celaá “devalúa la calidad y la exigencia” y, además, “recorta derechos y libertades”, razón “más que suficiente para no apoyarla”, pues hará “saltar por los aires el pacto constitucional”.

Moneo pidió a la ministra “que cumpla la Constitución y las sentencias del Constitucional”, que avalan el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, momento en el que defendió también a las familias: “Las familias que tenemos algún hijo con discapacidad no somos de segunda y tenemos derecho de elección no la puede hacer el estado. Somos los padres los que mejor sabemos lo que necesitan nuestros hijos”.

La diputada anunció que, cuando el Congreso cuente con la participación presencial de todos los diputados (mermada ahora por las medidas de seguridad por el Covid-19), el Grupo Popular promoverá que se someta a debate “una alternativa a su ley para una profunda modificación del sistema”. Esa propuesta, agregó, estará basada en “evidencias empíricas” y en las aportaciones que realizaron más de 80 expertos durante el más de un año que duró la comisión parlamentaria para el pacto educativo, que se dinamitó cuando el PSOE la abandonó antes de la moción de censura a Mariano Rajoy.