La regulación de la gestión de residuos introduce obligaciones para proteger los intereses generales vinculados con la salud pública y la conservación del medio ambiente.

El proyecto normativo transpone parcialmente una directiva comunitaria de 2018 e introduce medidas adicionales en la normativa de estos residuos. La CNMC destacó que el texto clarifica las obligaciones de los operadores, las mejoras en la clasificación y trazabilidad de los residuos, y la reducción de las cargas administrativas, especialmente las garantías financieras.

No obstante, plantea algunas recomendaciones para mitigar el impacto de la norma sobre la competencia, como introducir medidas para reducir el riesgo de intercambios de información comercialmente sensible entre los agentes y delimitar y justificar las actividades complementarias voluntarias en los sistemas colectivos de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Promover las licitaciones públicas frente a los convenios de entidades locales con distribuidores y una mayor racionalización de las normativas de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos sobre la vigencia de las autorizaciones.