Los dos arrepentidos de las FARC declararon desde Colombia por videoconferencia y en calidad de testigos en el marco de la investigación del magistrado Velasco sobre las relaciones de esta banda terrorista con ETA y sobre los adiestramientos conjuntos que tuvieron supuestamente lugar en la selva venezolana entre 2003 y 2008.

Los antiguos miembros de las FARC señalaron además que los etarras desplazados a Venezuela les instruyeron en el manejo de los explosivos R1, TNT y C4 y que estas colaboraciones en suelo sudamericano tuvieron lugar en los años 2002, 2003, 2005, 2006 y 2008, según explicaron fuentes de la Audiencia Nacional.

Ambos testigos abandonaron las FARC en 2008, por lo que dijeron no tener constancia de si los contactos entre ETA y las FARC continuaron más allá de ese año.

El juez Velasco continuará mañana con la toma de declaración, también por videoconferencia, a otros tres ex guerrilleros. Está previsto que el miércoles interrogue por el mismo mecanismo a otros tres arrepentidos.

GOBIERNO DE HUGO CHÁVEZ

Velasco realiza estas diligencias en el marco de la causa abierta para investigar las presuntas relaciones entre ETA y las FARC, un proceso que destapó la supuesta connivencia del gobierno de Hugo Chávez en estos entrenamientos terroristas.

El juez destacó en un auto dictado en marzo pasado que su investigación había puesto de manifiesto “la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA”.

Con ese auto el magistrado procesó a seis presuntos etarras -entre ellos al funcionario venezolano Arturo Cubillas- y a siete supuestos miembros de las FARC por la colaboración que se prestaron ambas organizaciones para mejorar sus actividades terroristas y que se concretaron en cursillos de manejo de explosivos e, incluso, en apoyos logísticos para llevar a cabo atentados.

Dentro de estas acciones conjuntas, las FARC pidieron ayuda a ETA para poder localizar a dirigentes colombianos, entre ellos al presidente del país, Álvaro Uribe, y a su antecesor, Andrés Pastrana, con el fin de atentar contra la vida de alguno de ellos durante su estancia en España u otro país de la UE.