La propuesta ya fue tomada en consideración en la anterior legislatura, pero quedó bloqueada en la fase de enmiendas, de lo que Ciudadanos culpa tanto al PSOE como al PP por su interés, tal y como denunciaron, en mantener el actual régimen jurídico.

En la exposición de motivos, Ciudadanos subraya que la corrupción es “una de las preocupaciones principales de los españoles” y que sus consecuencias no se notan sólo en la eficiencia de las administraciones ni en la merma de recursos públicos, sino que es “un problema sistémico que afecta al corazón de la democracia”.

Ciudadanos considera que en España se ha generado la percepción de que “la corrupción goza de cierta impunidad o no se persigue con el ahínco que debiera” y de que el principio de igualdad ante la ley establecido en la Constitución “no es respetado en la práctica”.

Desde 1978 se han destapado cerca de 200 tramas corruptas, asegura el partido, que lastran la competitividad de la economía y erosionan la legitimidad de las instituciones democráticas. “Una democracia fuerte y sana exige instituciones limpias y políticos fuera de toda sospecha”, y más allá de la aplicación del Código Penal la actividad pública “debe llevar aparejada una exigencia de integridad y proceder ético singular”.

"IGUALDAD, MÉRITO Y CAPACIDAD"

En primer lugar, Ciudadanos defiende la implementación de políticas efectivas que promuevan la participación de la sociedad y afiancen los principios del Estado de derecho, tales como la integridad, la transparencia y la responsabilidad, entre otros. Para ello, aboga por garantizar una función pública “profesional, independiente, y regida por criterios de igualdad, mérito y capacidad”.

En ese sentido, considera fundamental proteger a los denunciantes de corrupción con mecanismos que les generen confianza, y promover una cultura de integridad dentro de cada organización, prestando especial atención a la sensibilización de los trabajadores.

Ciudadanos subraya que los países con más corrupción son aquellos donde más funcionarios públicos deben su puesto a un nombramiento político, por lo que establece la transparencia y el criterio de mérito y capacidad como principales armas para atajar esas prácticas. Más transparencia, más responsabilidad y mejores controles son los tres ejes de la proposición de ley.

La proposición se estructura en 44 artículos agrupados en cuatro títulos y varias disposiciones. El primero de los títulos define como básica la condición de denunciante y establece los derechos que le asisten en aplicación de la ley, entre ellos el de confidencialidad, el de recibir información sobre la situación administrativa de su denuncia, el asesoramiento legal, la indemnidad de su puesto de trabajo y una justa indemnización por los daños que pueda sufrir como consecuencia directa de su denuncia.

La proposición incluye la creación de la Autoridad Independiente de Integridad Pública, a la que se dota de plena independencia orgánica y funcional y a la que se le encomienda el control y la supervisión del cumplimiento por las autoridades y el personal del sector público estatal de sus obligaciones en materia de conflictos de intereses, régimen de incompatibilidades y buen gobierno.

También regula el régimen jurídico de las infracciones y sanciones que se cometan como consecuencia del incumplimiento de lo previsto en la ley, distinguiendo entre infracciones, sanciones económicas y sanciones disciplinarias, regulando la graduación de las mismas, así como su prescripción y los supuestos de reiteración y reincidencia.

PROHIBICIÓN DE INDULTOS

En las disposiciones, se propone la prohibición de la concesión de indultos a condenados por delitos de corrupción, con el fin de impedir que el poder político tenga “capacidad discrecional para auto absolverse por delitos relacionados con la financiación ilegal de partidos políticos, contra la Hacienda Pública, contra la Seguridad Social y contra la Administración Pública”.

Propone, asimismo, modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar la limitación de plazos máximos en la instrucción penal; y de la ley de asistencia jurídica gratuita para prestarla de inmediato a los denunciantes de actos de corrupción con independencia de la existencia de recursos para litigar.

Otra ley que propone modificar es el Código Penal, para tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, por el que tendrán que responder “las autoridades y funcionarios que, sin razón jurídica, experimenten un incremento sustancial de su patrimonio cuyo origen no puedan acreditar”, y para establecer la responsabilidad subsidiaria de partidos, sindicatos y organizaciones empresariales por los delitos que hayan cometido en el desempeño de sus obligaciones o servicios sus empleados o dependientes, sus representantes, gestores, personas autorizadas, o sus cargos orgánicos.

Finalmente, incluyen la extensión de la figura del decomiso a los bienes, ganancias y efectos de las personas que hubiesen sido condenadas por delitos de prevaricación, tráficos de influencias, o fraude o exacciones ilegales.

Una de las disposiciones de la proposición plantea la reforma de la ley que regula el ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado para habilitar a la Autoridad Independiente de Integridad Pública para apreciar la idoneidad de los altos cargos y emitir un informe público y no vinculante dando cuenta de si la persona propuesta cumple con los requisitos de honorabilidad y de formación y experiencia para el cargo previstos en la ley.