Este lunes se celebra la primera de las tres sesiones finales de este juicio en que se escucharán las conclusiones de la acusación y las defensas. La Fiscalía ha modificado sus conclusiones y propone condenar a Trapero, al ex director general del cuerpo policial Pere Soler y al exsecretario de la Conselleria de Interior César Puig por sedición, renunciando a calificar los hechos como rebelión en consonancia con la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas por el `prorcés´.

Además, el ministerio público ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de que el tribunal condene a los acusados de manera alternativa por un delito de desobediencia que permitiría que ninguno de ellos recibiera una pena de prisión, ya que el Código Penal lo castiga con penas de multa e inhabilitación.

Al inicio del juicio, el fiscal pedía 11 años de cárcel para cada uno de ellos, propuesta que ha reducido en un año, para los tres principales acusados. En caso de ser condenado por desobediencia, la petición es de un año y ocho meses de inhabilitación para cargo público y multa de 60.000 euros. Para la intendente Teresa Laplana, la Fiscalía pide cuatro años por sedición y también plantea la alternativa de desobediencia con un año de inhabilitación y multa de 30.000 euros.

Según expuso el fiscal en sus conclusiones finales, la actuación de los máximos responsables de la policía autonómica se centró durante el otoño de 2017 en “aparentar” su sometimiento a las órdenes del fiscal y los jueces pese a lo cual no hubo en ningún momento “una actuación contundente” dirigida a impedir la celebración del referéndum del 1-O.

Explicó que durante los días previos y en la jornada de votación los Mossos hicieron gala de “una tibieza e inactividad” acompañada de la “elaboraron planes ineficaces y seguimientos a la guardia civil… Todo, menos a impedir el referéndum” porque “no había ningún deseo real” de evitarlo.

Entiende la Fiscalía que los mandos de los Mossoss usan como “excusa” para no actuar el argumento de que su prioridad era cumplir las órdenes judiciales con “proporcionalidad” y con el objetivo de “preservar la paz social”. Este argumento ha sido “un mantra durante todo el juicio” para justificar la inacción frente al referéndum y respaldar la “apariencia de cumplimiento de las resoluciones judiciales”.

Según el ministerio público, la actuación de los Mossos "fue básica para dar apariencia institucional y de ejercicio de un derecho democrático al 1-O”. Carbajo fue desgranando cada uno de los hechos sucedidos durante el `procés´ y reprochó a Trapero que no cumpliera las órdenes judiciales de cerrar los colegios y en cambio elaborara un plan para detener al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, cuando “nadie se lo pidió”.