De este modo contestó al senador de CiU Jordi Vilajoana, que le preguntó sobre la manera en que piensa el Gobierno resolver la situación de incertidumbre jurídica que ha creado en el ámbito fotovoltaico el Real Decreto-Ley 14/2010, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.

En su intervención, Rodríguez Zapatero explicó que esta norma, aprobada en el Congreso el pasado 26 de enero, tiene el objetivo "inevitable" de garantizar la sostenibilidad económica del sistema energético y cumplir con el compromiso firme de eliminar el déficit de tarifa eléctrica a finales de 2013. Además, garantiza la titulización del déficit ya existente, facilitando así la financiación de las empresas del sector.

El decreto, añadió el presidente, asegura que esto se lleve a cabo manteniendo, además, la protección para los consumidores más vulnerables (el llamado bono social) hasta 2013 y de modo que el esfuerzo se reparta de forma equilibrada entre el sector, las empresas, los consumidores y las administraciones.

Rodríguez Zapatero destacó, asimismo, que en los últimos años el coste del sector fotovoltaico "se estaba desbordando" en relación a su aportación a la generación eléctrica y en relación a su capacidad futura de aportación.

Un desequilibrio que no dudó en comparar con el del sector inmobiliario. En este sentido, mencionó "paralelismos con otros sectores que han generado burbujas de gran impacto". La fotovoltaica, por ello, "debe tener ese ajuste que contribuya a la reordenación del déficit tarifario".

Defendió, además, el "equilibrio" de un decreto en el que se han introducido enmiendas como la ampliación del número de años con derecho al cobro de primas (de 25 a 30), el acceso de las plantas fotovoltaicas a las líneas de financiación del ICO para su refinanicación y la garantía legal plena de la estabilidad futura de su régimen de ingresos.

Con estos compromisos y acuerdos "se consigue hacer una reforma con la necesaria seguridad jurídica y económica que precisa el sector, pero sin poner en riesgo la estabilidad del conjunto del sistema eléctrico", dijo Rodríguez Zapatero.

Descartó, sin embargo, la propuesta de CiU de que la base de horas para calcular la limitación se haga conforme a la potencia pico (teórica) de la instalación y no la nominal (real).

Según los cálculos del Ejecutivo, introducir esa enmienda significaría un incremento del 15% en la capacidad de producción resultante, lo que anularía el efecto deseado con el decreto.