Fuentes de la Administración regional explicaron que, según el citado auto, "el fundamento jurídico para acordar este archivo, que ha sido expresamente solicitado por el Ministerio Fiscal a la luz de la información obrante en las actuaciones, se encuentra en que los hechos denunciados no revisten caracteres de delito alguno, y especialmente no integran el ilícito de omisión del deber de socorro".

Como se expresa en el auto, "la situación de pandemia, de la que se ha derivado una objetiva saturación de la administración sanitaria, dada su inabarcabilidad, implica que difícilmente dicha administración sanitaria pueda cubrir toda la atención que se le reclama y en los términos precisos o con el alcance que se le reclama, constando asimismo la escasez del material sanitario".

Esto implica, según la sentencia, que "no es posible en derecho imputar a la Comunidad de Madrid un delito de omisión del deber de socorro dada la clara inexistencia de dolo o de intencionalidad en no prestar la atención o desatender las reclamaciones de ayuda que se le hacen, pues la situación pandémica, con las referidas características, actúa como una lógica causa de justificación, excluyendo la culpabilidad en los hechos y consecuentemente su carácter jurídico-penal".

En el citado auto se expone que “no obstante desestimar la pretensión de la denunciante, el Juzgado ha puesto en conocimiento de la Comunidad de Madrid, del Estado y del Ministerio de Defensa los hechos, para que, en la medida de sus posibilidades, puedan adoptar las medidas tendentes a proveer de material sanitario que evite el contagio del virus en el centro, entre sus residentes y trabajadores, y se proceda a su desinfección”.