Así se expresó UPTA en su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de la Cámara Baja, donde destacó que esta medida “ha supuesto un auténtico balón de oxígeno” para más de 1,4 millones de autónomos.

Por ello, advirtió de que esta medida no puede quedar empañada por la falta de seguridad jurídica que actualmente soporta por la posibilidad de poder compatibilizar su cobro con el ejercicio de la actividad profesional.

A este respecto, explicó que aquellos que están percibiendo esta prestación pueden ser sometidos a un procedimiento de revisión de cuatro años y no existe norma jurídica alguna que establezca la compatibilidad de su cobro con el ejercicio de la actividad por cuenta propia.

Además, pidió cambios en medidas como las moratorias de pago de alquileres de viviendas y de locales afectos a una actividad de negocio o de las moratorias de los préstamos con garantía hipotecaria y de los créditos sin garantía hipotecaria o del bono social para que puedan ser realmente efectivas para los autónomos.

Según explicó, estas tres iniciativas que podrían ser válidas para aliviar la presión económica del colectivo, no se pueden desarrollar por las condiciones impuestas a los solicitantes para la acreditación de los requisitos, especialmente por el certificado de cese de actividad emitido por la AEAT.

Por último, denunció que la gestión de los sistemas de avales de los préstamos ICO, que gestionan las entidades de crédito, “está resultando un auténtico despropósito, tanto en las formas utilizadas como en la tardanza para conseguir la liquidez necesaria una vez se ha concedido el préstamo”.

“Lo más duro está por llegar, ahora es necesario tomar las decisiones adecuadas y preparar el sistema para una pérdida de empleo sin precedentes, incluyendo un descenso muy significativo del trabajo por cuenta propia. Debemos anticiparnos a la catástrofe económica que se avecina”, concluyó.