Así se expresó Amor en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso de los Diputados, donde señaló que sería también conveniente destinar una línea de 20.000 millones a microfinanciación exclusiva para autónomos y con una garantía del 90% o 95% de aval.

Asimismo, trasladó a los diputados que sería necesario prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de causa mayor con origen en el Covid-19 hasta el 31 de diciembre, teniendo en cuenta no sólo sectores, sino también los negocios que han sufrido caídas de ingresos. Según Amor, prorrogar los ERTE de forma automática hasta el 31 de diciembre salvaría en 2020 500.000 empleos y 200.000 empleadores.

Además, demandó prorrogar ya la prestación por cese de actividad extraordinario para todos aquellos autónomos que su actividad estuviera afectada por cualquier tipo de restricción sanitaria, o que haya puesto en marcha cualquier administración. O bien para todos aquellos autónomos beneficiarios de la prestación que su actividad pierda importantes ingresos en el tercer y cuarto trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior para salvar a 250.000 profesionales.

Paralelamente, para aquellos autónomos que han sido beneficiarios en algún momento de la prestación por cese de actividad extraordinaria y en el momento en que ya no lo sean, propuso que puedan tener una tarifa plana de cotización a la Seguridad Social de 100 euros durante seis meses para amortiguar los daños de la crisis en sus negocios.

A este respecto, destacó que “la puesta en marcha de la prestación extraordinaria de cese de actividad está ayudando a que muchos autónomos no estén peor de lo que ya están”, aunque lamentó que “muchos autónomos se han quedado fuera de esta prestación” porque no tenían caídas del 75% en los ingresos.

En concreto, señaló que casi 800.000 autónomos que han tenido una caída de ingresos del 50% se han quedado sin esta ayuda. “Cuando alguien en su casa ingresa la mitad de sus ingresos y soporta los mismos gastos, se le viene encima un grave problema”, alertó.

En su intervención y para activar el consumo y ayudar a muchos autónomos y pequeños empresarios, incluyó la demanda de acometer de forma coyuntural una reducción del IVA en determinados servicios y productos como hostelería, gimnasios, actividades deportivas, peluquería o negocios de estética.

MEDIDAS FISCALES

En materia tributaria consideró "necesario implementar medidas fiscales que alivien de cargas innecesarias a los autónomos e incrementen su seguridad jurídica". Entre otras iniciativas abogó por introducir un IVA franquiciado o, lo que es lo mismo, que exonere de su pago a aquellos autónomos cuya facturación no supere los 30.000 euros.

Denunció que España es el único país de la UE donde no se ha implantado tras su adopción por parte de Holanda e indicó que es una herramienta "fundamental para aflorar la economía sumergida".

De forma adicional pidió "incentivos fiscales" para aquellos autónomos que "han aguantado a sus plantillas a pulmón", sin despidos ni ERTE y que, según cifró, han sido "uno de cada cuatro" y reclamó además que el IVA se cobre cuando se ingrese.

Tras considerar como "buena medida" el Ingreso Mínimo Vital, afirmó no entender que se deje fuera a los autónomos societarios cuando también sufren y "cierran negocios". "Hay muchas empresas que van a quebrar y se van a quedar fuera", auguró, indicando que en la pasada crisis un 30% de los autónomos hicieron uso de los comedores sociales y ayudas de Cáritas.

Pese a las medidas, estimó que algunos clausurarán sus negocios. "Calculamos que podrían ser unos 300.000 este año. Ya sólo en el primer trimestre, 168.000 empleos generados por los autónomos se han perdido, 41.000 por cuenta propia y más de 126.000 por cuenta ajena", denunció.

Para ayudar al colectivo demandó además una ley de segunda oportunidad que permita quitas en cotizaciones a la Seguridad Social, y que "te permitan respirar, que no lleves el cartel colgado de arruinado para siempre". En este punto reclamó también para la administración las mismas sanciones que para el sector privado cuando incumplen los plazos de pago de facturas. "No puede ser que un autónomo tenga que esperar 414 días para cobrar", denunció.