Así se recoge en el documento que las entidades miembros de la campaña 'No es Sano' han enviado al Eecutivo y a los partidos políticos, donde figura "un paquete de propuestas sobre política farmacéutica que, si antes de la crisis ya eran urgentes, ahora no pueden esperar más".

"Todas ellas responden a la pandemia", apuntaron desde la campaña, pero "también suponen una nueva configuración de nuestro sistema público de salud para defender el interés general y garantizar el acceso a los medicamentos, las vacunas y los diagnósticos sin poner en riesgo su sostenibilidad".

En esta línea, solicitaron al Gobierno la puesta en marcha de "estrategias de producción nacional y pública de medicamentos, material sanitario y diagnósticos para cubrir las necesidades de la población en el caso de que fuese necesario", aprovechando los recursos propios del SNS y otras instalaciones de la administración pública.

Reclamaron que si llegado el caso no estuviera garantizado el acceso a los nuevos medicamentos, España se plantee excepcionalmente la aplicación de las licencias obligatorias, que consisten en suspender temporalmente la exclusividad del titular de la patente para que el fármaco se produzca como genérico.

Este mecanismo está recogido en los acuerdos Adpic (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y puede aplicarse en casos de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia, indicaron.

Asimismo, la campaña señala que existe una "enorme" inversión pública en las investigaciones que se realizan sobre la Covid-19. Por ello, defendió que los tratamientos y vacunas que resulten de estos proyectos "no tengan licencias exclusivas", lo que impediría que sea solo una empresa la que los produzca; "tengan limitados los derechos de propiedad intelectual, y sus resultados se compartan para acelerar los avances en la lucha contra esta pandemia".

Además, creen que el Gobierno y otras instituciones públicas deben asegurar que los acuerdos que se establezcan con las compañías farmacéuticas a la hora de desarrollar y producir potenciales fármacos incluyan cláusulas que garanticen "precios asequibles" y que no se especulará con ellos", exigieron.

Las ONG también pidieron la creación de "fondos de investigación independientes", que aseguren una investigación desligada de los intereses de la industria farmacéutica.

Por último, el documento recoge medidas para lograr mayor transparencia en los procesos de aprobación y financiación de los medicamentos; las relaciones entre Gobierno e instituciones públicas con la industria farmacéutica; los procesos de fijación de precios de los medicamentos; y los ensayos clínicos.