Las declaraciones de estos menores, como niños y niñas con autismo, estarán adaptadas para resultar más “amigables” y “que puedan sentirse seguros”, según explicaron fuentes del Ministerio de Justicia y del de Derechos Sociales y Agenda 2030. Por tanto, estos interrogatorios o declaraciones incluirán expertos, aunque está aún por ver si serán profesionales de la administración o externos.

Además, la ley convierte en “excepcional” la declaración en juicio de los menores de catorce años o de las personas con discapacidad y establece como norma general la “práctica de la prueba preconstituida en fase de instrucción y su reproducción en el acto del juicio”.

El objetivo es evitar que el lapso entre la primera declaración y el juicio oral afecten a su testimonio o se pueda dar lugar a una “victimización secundaria”.

Todo esto se tendrá en cuenta siempre que un menor con discapacidad esté inmerso en un proceso judicial o haya sido víctima de un delito.

Asimismo, reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las personas menores de edad y a personas con discapacidad necesitadas de especial protección cuando sean víctimas de delitos violentos graves, con independencia de sus recursos para litigar.

La ley también obliga a que las personas que trabajen en el ámbito deportivo con niños y niñas reciban “formación específica” para atender adecuadamente “las diferentes aptitudes y capacidades de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad para el fomento y el desarrollo del deporte inclusivo”.

Esta ley, que aún está pendiente de ser tramitada en el Congreso de los Diputados, modifica a su vez una veintena de leyes, entre ellas el Código Penal para que los delitos graves contra menores no prescriban o, al menos, no empiece a contar su prescripción hasta que la víctima haya cumplido los 30 años.

También elimina la patria potestad a los agresores machistas, de forma que los hijos de padres maltratadores no puedan seguir dependiendo de ellos.