“Durante esta crisis hemos obligado a las empresas a endeudarse a través de créditos ICO, cuando la solución podría haber sido eliminar la morosidad”, denunció Cañete ante el Grupo de Trabajo Reactivación Económica creado en la Cámara Alta para proponer medidas de impulso en el escenario post covid-19 en los diferentes ámbitos productivos.

Quien también es presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad desglosó que los 150.000 millones procederían en 14.000 millones del pago de las facturas pendientes por parte de las administraciones; 122.000 millones del pago a sus proveedores por parte de las empresas cotizadas, sin problemas de liquidez ni de financiación, y 12.000 millones por liberaciones por parte de los ayuntamientos de remanentes que tienen en cuentas corrientes para salvar autónomos y pymes.

A esas cuantías abogó por añadir un cambio en el criterio de liquidación del IVA para que se ingrese solo el IVA realmente cobrado y que se devuelva de manera inmediata el IVA a compensar retenido por Hacienda, así como que los grandes contratistas paguen a sus proveedores. “Es increíble que se tenga que pagar el IVA sin haberlo cobrado”, denunció.

Durante su intervención, Cañete auguró que “un 20%” de las pymes y autónomos “no volverá a levantar su persiana” por culpa de las restricciones aplicadas a la actividad para detener la pandemia y conforme a estimaciones de Pimec. El mismo estudio eleva al 92% las pymes que han sufrido caídas en sus ventas y al 75% las que se encuentra padeciendo problemas de liquidez, detalló.

Ha defendido que son colectivos clave y estratégico para la reconstrucción del país y ha pedido en sede parlamentaria que se “cuiden y salven a los que pagan impuestos. Sin ellos será imposible financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales”, indicó.

A su juicio, es necesario actuar en tres ejes fundamentales para lograr un crecimiento “sólido, justo y sostenible”: en materia de innovación y conocimiento, en productividad y competitividad y, finalmente, otorgarles voz y representación real.

En cuanto al primer pilar ha pedido “un Pacto de Estado” en educación, “sin intereses partidistas y asumiendo el compromiso con el país” porque “sin conocimiento no hay valor añadido” y “sin valor añadido no podemos invertir en los mercados”.

Para las pymes dijo que la formación profesional es “su base”, además de “posiblemente el elemento de competitividad más importante de un país”. A su juicio, esta formación debería de pasar a estar enfocada desde los centros educativos a “basarse en la demanda de nuestro sistema productivo”, teniendo en cuenta las necesidades reales de las empresas. “Se necesita que nuestros alumnos, nuestros jóvenes, se formen también en las empresas”, abundó, pidiendo que se reconozca a las empresas “como entidad formativa”.

De forma adicional demandó que en lugar de empujar a las empresas a busca liquidez endeudándose con el ICO, se liberen recursos de pagos y facturas pendientes que no compromete sus balances ni riesgos. Alentando además en el Congreso a que “aprueben la ya presentada proposición de ley de multas para los morosos. Urge un régimen sancionador”, inquirió.

Cañete se quejó de que es una demanda de varias décadas que ni el Congreso ni los cuatro gobiernos que ha pasado por La Moncloa desde entonces han abordado. “No han sido capaces de hacer justicia”, se quejó, indicando que, con la actual práctica, donde no se penaliza la morosidad, se ampara una especie de “corrupción y competencia desleal”. De forma específica se preguntó cómo se puede permitir que las empresas del Ibex 35 cobren en 58 días y paguen a sus proveedores en calendarios que triplica el plazo legal.

Para que las pymes sean tenidas más en cuenta demandó además que se sitúen “en el puente de mando, con la voz y la representación que les corresponde. Ahora no la tienen”, lamentó, afirmando que son otros los que se arrogan su defensa.

El responsable de la patronal Pimec ha aprovechado su intervención para entregar además a los diputados una serie de propuestas de enmiendas a diferentes reales decreto-ley aprobados durante el estado de alarma con aspectos como la mejora de las prestaciones para empresarios autónomos o modificar el permiso retribuido recuperable.

Asimismo, ha propugnado por modificar las normas para restituir los fondos de formación profesional, establecer incentivos fiscales para las inversiones empresariales de prevención del covid-19, flexibilizar los ERTE por fuerza mayor, y fijar desgravaciones fiscales de las reducciones y condonaciones de alquileres a pymes para favorecer su aplicación y rebaja del IVA de los sectores más afectados por el confinamiento.