En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, Iglesias reconoció que “cada persona puede tener su ideología”, incluidos los agentes, pero puntualizó que “cuando está sometido a una autoridad administrativa, tiene que cumplir las órdenes que se le den con absoluta profesionalidad”.

En esta línea, dio por “acreditado” que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz “organizó una red de policías que trabajaban con algunos sicarios mediáticos” para “tratar de proteger al PP de los asuntos judiciales que le afectaban y atacar a la oposición política de izquierdas, en particular Podemos” pero también independentistas catalanes.

Cuando se le preguntó si opina que esas supuestas cloacas policiales existen, como sugirió el ministro de Consumo, Alberto Garzón, aclarando que sería una “absoluta minoría”, Iglesias contestó: “Que sigan existiendo redes o grupos ilegales que traten de actuar contra la ley, cada uno tendrá su opinión, y yo creo que es muy evidente lo que hay, pero, si eso es así, lo tienen que perseguir los jueces y lo tiene que proteger la justicia y a mí no me corresponde hacer valoraciones”.

En particular sobre la polémica del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, y sin querer hacer “matices” a lo que ya ha dicho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Iglesias sí quiso opinar que, “si algo ha hecho daño a la Guardia Civil en España es que un cuerpo con una enorme profesionalidad, cuyos informes han sido históricamente enormemente valorados, no se puede permitir que se les pueda conocer por informes que son recortes de páginas web de extrema derecha”, en alusión al que se hizo sobre la manifestación del 8-M y su autorización por el Gobierno pese a la propagación del coronavirus.

“Es algo gravísimo que una democracia avanzada como España no se puede permitir”, conminó. “Que haya mandos en la Guardia Civil que hagan recortes de páginas web para hacer informes que envían a un juez. Ese es el mayor ataque que puede haber contra la Guardia Civil y su profesionalidad”. Finalmente, sentenció que los agentes son “profesionales sometidos a la autoridad del Gobierno independientemente del color político del Gobierno” y que “eso es normalidad democrática”.