Según informó el Gobierno aragonés, Lambán explicó que de cara a la superación de fases en la desescalada "no nos podemos permitir rebrotes del virus ni volver atrás y seremos muy restrictivos en la limitación de espacios y vuelta a la normalidad".

El presidente aragonés planteó "abrir un debate con seriedad y con una financiación clara y suficiente” sobre el servicio de residencias de mayores, que lejos de ser “algo residual” se constituyen como un elemento central del cuarto pilar del estado de bienestar y son un elemento de cohesión, por lo que es necesario que presten un servicio de calidad al que se pueda acceder en condiciones igualitarias. Recordó, en ese sentido, que la Ley de Dependencia sería de gran ayuda si se cumpliese cabalmente que el Estado aportara el 50% de la financiación y no el 13% como hasta ahora.

Para asegurar la vuelta a las aulas "con plenas garantías", rechazó "ieas brillantes" y apostó por un protocolo único que disipe dudas ante las opciones barajadas: establecer ratios de 15-18 niños, lo que generaría mayor esfuerzo logístico y coste; combinar educación presencial y telemática, lo que genera un gran impacto en la conciliación familiar y laboral; y por último, el inicio normal de la actividad, manteniendo medidas de higiene y protección y planes de contingencia previstos. Es decir, conciliar la seguridad la seguridad sanitaria, el derecho a la educación de calidad y la conciliación familiar y laboral.

OBJETIVO DE DÉFICIT

Lambán insistió también en la necesidad de modificar “sustancialmente” el objetivo de déficit previsto para las autonomías en un 0,2% del PIB, y avanzó que, en caso de no autorizarse ese cambio, "nos enfrentaremos a la imposibilidad real de hacer unos presupuestos para 2021, que serán más necesarios que nunca”.

Por otra parte, puso en cuestión el cambio de criterio para el reparto de los 16.000 millones que el Estado ha puesto a disposición de las comunidades autónomas y que ahora concede más capítulo a la educación, un ámbito, subrayó, que en el medio rural tiene un coste entre tres y cuatro veces superior al urbano. Además, incluye el plan de transporte que, a su juicio, es muy “específico y diverso”, y está detrayendo fondos de otros capítulos importantes. En este sentido, pidió reconsiderar la disminución de mil millones de euros para las políticas sociales.

Finalmente, Lambán alertó de la falta de claridad sobre la potestad que tienen los presidentes autonómicos sobre la reanudación de la liga de fútbol, y solicitó clarificar el criterio para saber si los presidentes en fase tres tienen que autorizar la presencia de público en los campos de fútbol, ya que entiende que más allá de sus propias consideraciones o preferencias, puede haber criterios superiores como el Consejo Superior de Deportes o instituciones similares que establezcan normas para todo el ámbito nacional.