Eso supondría, explica ERC, implementar las reformas necesarias para que el Código Penal asuma los delitos que pudieran no estar contemplados para que puedan ser juzgados mientras España no se encuentre en esos supuestos.

Sin perjuicio de otras modificaciones que puedan ser necesarias, ERC incluye la de la Ley Orgánica de competencia y organización de la Jurisdicción Militar; y la Ley Orgánica del Código Penal Militar.

En la exposición de motivos, ERC denuncia que la Justicia militar “se ha mostrado por completo incapaz de cumplir varios de los veinte principios establecidos por el Informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la administración de justicia por los tribunales militares”, entre ellos el derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial; la publicidad del juicio; la garantía del derecho de defensa y del derecho a un juicio justo e imparcial; el acceso a la tutela judicial efectiva; o la interposición de recursos ante tribunales ordinarios.

De lo contrario, asegura, “serían impensables los resultados obtenidos en los procedimientos militares más relevantes de los últimos tiempos”, de los que hace “un somero repaso”.

A continuación, ERC denuncia “la impunidad con la que acontecen los acosos, abusos y agresiones sexuales a las mujeres en las Fuerzas Armadas”. Hasta el 31 de diciembre de 2015, dice, se produjeron un total de 174 denuncias por acoso o agresión sexual y laboral, de las que solo el 12,5% terminaron en condenas.

“No solo eso, sino que los tribunales militares permitieron que los condenados siguieran en las Fuerzas Armadas, lo que ocurrió con un capitán condenado por 28 agresiones sexuales, un teniente coronel o un subteniente por tres, varios oficiales y suboficiales por una, en una situación por completo incompatible con la excelencia que se debe exigir y esperar de las Fuerzas Armadas, las cuales han terminado por convertirse en cobijo de delincuentes sexuales”.

"NO DENUNCIÉIS"

Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018, prosigue, se produjeron “un total de 90 denuncias de naturaleza sexual de las que ninguna terminó en condena. Esa tasa del 0% “envía un mensaje tan claro como incompatible con una sociedad democrática a las mujeres militares: No denunciéis”.

En esos delitos de tipo sexual, ERC denuncia que la actuación de la Justicia militar “es tan contraria a derecho que ha ocasionado que un mismo delito pueda tener consecuencias jurídicas diferentes según el trabajo de la víctima (militar o no) o el lugar en el que se produzca (un recinto militar o fuera de él)”.

Además, a pesar de que “los casos de corrupción se han amontonado en los medios de comunicación” y de la existencia de condenados por algunos de ellos, ningún coronel ni general ha sido expulsado en los últimos 19 años por ese delito, por lo que una vez cumplidas sus penas siguen siendo miembros de las Fuerzas Armadas, “convirtiendo a estas nuevamente en hogar de delincuentes”.

ERC denuncia que el comportamiento de la justicia militar ha sido incluso “prevaricador” en algunos casos, y lo mismo ocurre con los siniestros en los que han muerto militares. Subraya, en ese sentido, que los explosivos en mal estado han matado a nueve expertos en esa materia, y más de cuarenta militares han muerto por el deterioro de sus vehículos, lo que se suma a la “alta siniestralidad” de las aeronaves. “En ninguno de los casos un militar ha resultado condenado”.