Caamaño acusó a los populares de "no distinguir entre la realidad y la ficción" y de ver "conspiraciones de policías, de fiscales, de jueces, de abogados del Estado donde sólo hay normalidad institucional".

Aún peor es el empeño de los populares en "hacernos creer que esa fantasía política puede llegar a ser cierta", dijo el ministro al diputado del PP Ricardo Torno.

Este parlamentario fue el encargado de preguntar al titular de Justicia por qué no ordena al Abogado del Estado que se persone en el caso Mercasevilla que es una entidad pública empresarial y cuya defensa cree que debe asumir el Estado porque están en peligro los intereses económicos de los ciudadanos.

"Los sevillanos", dijo el diputado popular, "no entienden que siete meses después del inicio de la actuaciones judiciales contra directivos de Mercasevilla por delito de cohecho y apropiación indebida, la Abogacía del Estado todavía no se haya personado en este caso".

El PP considera que Justicia debería estar defendiendo los intrereses del Estado y que no atenta contra las instituciones exigiendo la personación en este caso. Además rechazó implícitamente la intervención del Abogado del Estado en asuntos con implicados del PP.

Caamaño espetó a Torno que en el caso Gürtel se sigue "una investigación sobre fraude fiscal en el que también existe un perjuicio directo y claro para la Hacienda Pública" y en esos casos se persona la Abogacía del Estado y sería "sorprendente que no lo hiciese cuando afecta a personas del Partido Popular".

En el caso de empresas públicas como Mercasa, principal accionista de Mercasevilla y que tienen perosonalidad jurídica propia, la ley "les encomienda a ellas la defensa de su patrimonio y el ejercicio de las actuaciones penales" necesarias para preservarlo.

La norma que regula estos casos, permite a esas empresas que encarguen a un bufete de abogados o a la Abogacía del Estado su defensa previo convenio y si esta petición se produce, la Abogacía interviene.

Pero "no cabe la existencia de instrucción alguna ni por este ministro ni por ningún miembro del Gobierno", explicó el ministro de Justicia en el Pleno del Congreso antes de recordar que ese cambio jurídico se introduce en 1997 impulsada por el Partido Popular y bajo el gobierno de José María Aznar.