En un primer momento, la Fiscalía se inclinaba por instruir desde cero las instrucciones penales, pero la medida cosechó innumerables críticas por los efectos negativos que podría tener sobre la tutela judicial efectiva. Volver a empezar con la instrucción en casos de corrupción como 'Púnica', 'Lezo' o 'Pujol' podría provocar indefensión de los investigados y poner en riesgo toda la causa.

Así, la Fiscalía General del Estado ha optado, en su última instrucción para abordar la desescalada judicial, por ordenar la reanudación de las causas en el punto donde quedaron suspendidas y, como mucho, aconseja a los fiscales que pidan la declaración de causa compleja o que soliciten prolongar las instrucciones, pese a que el real decreto de Justicia sobre medidas para hacer frente a la crisis de la Covid-19 contempla que los plazos procesales suspendidos se computarán desde el principio.

El decreto de la fiscal general del Estado contiene nueve instrucciones enmarcadas en el real decreto de Justicia y con un horizonte temporal de tres meses a partir del fin del estado de alarma. Contempla la reincorporación de todos los fiscales a sus puestos de trabajo a partir del día 9 de junio y establece las medidas para garantizar la seguridad sanitaria. Excluye de esta incorporación general a los que estén en grupos de riesgo o presenten síntomas de esta enfermos y anuncia medidas de conciliación para aquellos que lo necesiten.

A partir de ese momento, los fiscales reanudarán las visitas físicas a las residencias de mayores que tutelan. Delgado destaca, no obstante, que debe ser prioritario evitar desplazamientos innecesarios, por lo que apuesta por el uso de medios telemáticos. En esta línea, limita la presencia física en las salas de vista a la “estrictamente imprescindible” y ordena a los fiscales superiores que vigilen el cumplimiento de las medidas de seguridad y el suministro del material de protección sanitario.