Según explicó Unidas Podemos, habría que modificar las exigencias de regla de gasto que impuso a todas las administraciones la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012. La norma limitaba cualquier aumento de gasto al porcentaje de crecimiento de la economía de ese año, independientemente de que el ayuntamiento tuviera superávit o remanente de tesorería, y le obliga a depositar el resto en una entidad financiera.

El grupo proponente critica que esa ley traspuso el mandato de UE de estabilidad presupuestaria de forma “muy diferente al resto de Europa”, donde se fijó sobre el “conjunto de las administraciones públicas, no a cada una de ellas por separado como se impuso en nuestro país, y su incumplimiento, además, no conllevaba sanciones como las que Montoro se empeñó en aplicar a nuestras corporaciones locales”.

Por si fuera poco, denuncia Unidas Podemos, “los bancos pretenden cobrar a las corporaciones locales comisiones por ese dinero que está depositado y sin que se pueda gastar por esa regla de gasto"; en total 27.000 millones de euros inmovilizados, según sus cálculos.

La iniciativa establece que "los gastos extraordinarios y refuerzos en la contratación derivados de la crisis en servicios sociales y promoción social, atención a las personas, limpieza, desinfección, seguridad ciudadana y materiales de seguridad de empleados municipales no computen con las reglas de estabilidad y techo de gasto”.

Por otra parte, también contempla “superar los límites de la masa salarial, al amparo de lo anterior, para la contratación de personal con carácter temporal y extraordinario en servicios esenciales gestionados directamente por las entidades locales”.