Aunque la ONG reconoció que se trata de “un gran paso en la lucha contra la pobreza severa” -el Gobierno pretende reducir este umbral en un 80%-, alertó de que sólo protegerá a un 32% de la infancia vulnerable dejando fuera a “dos de cada tres” menores en situación de pobreza.

En este sentido, recordó que no podrán acogerse a esta prestación no contributiva de la Seguridad Social las personas solicitantes de asilo, las familias con menores en situación de irregularidad o los jóvenes extutelados.

“Este último grupo es especialmente vulnerable” por “la carencia de programas de transición a la vida adulta eficaces”, que “provoca que muchos de estos jóvenes sufran pobreza, llegando incluso a vivir en la calle”, explicó Save the Children.

En relación a la edad de acceso al IMV, la organización destacó que en España hay 3.000 familias formadas por menores de 23 años que no accederían al ingreso mínimo, de las cuales el 80% están en riesgo de pobreza.

Otro grupo vulnerable que quedaría fuera de la normativa sería el de las familias numerosas con más de tres hijos o monoparentales con más de cuatro. “Actualmente hay 111.000 familias con dos adultos que tengan cuatro hijos o más, de las cuales el 58% está en riesgo de pobreza”, subrayó la ONG.

Para la organización de infancia, otra de las cuestiones a tener en cuenta en la nueva normativa es la supresión de la prestación por hijo o hija a cargo a final de año. “Muchas familias en situación de pobreza relativa quedarán fuera del IMV y, sin esta ayuda, no contarán con ningún tipo de apoyo a la crianza”, advirtió.

Actualmente, la prestación por hijo a cargo se sitúa en los 341 euros anuales -28,5 euros al mes- para familias con menores en situación de pobreza, y en los 588 euros al año -49 euros al mes- para las que se encuentren en estado de pobreza severa.

“En el Estado de bienestar de los países de nuestro entorno, este tipo de prestaciones conviven. Las garantías de ingresos son una herramienta para luchar contra la pobreza, mientras que las prestaciones por hijo o hija a cargo están enfocadas a ayudar a la crianza y pueden servir incluso de fomento de la natalidad”, explicó el director de Save the Children, Andrés Conde.

“Nuestro país debe aspirar a ser un Estado de bienestar fuerte con prestaciones sociales que obedezcan a distintos objetivos y cubran las distintas necesidades de sus ciudadanos”, añadió.

La ONG insiste en que, aunque la actual prestación por hijo e hija a cargo es “insuficiente”, no debe desaparecer al ser “la única ayuda a la crianza que hay en España” y tiene “una cobertura mayor que la del ingreso mínimo vital”, pues “llega a familias en situación de pobreza moderada que no pueden beneficiarse de otras medidas fiscales”.