Aguado declaró que los contratos que ahora se prorrogan cuentan con dos partidas económicas diferenciadas: el primero de ellos, por un importe de 1.409.100 euros y un total de 50 plazas, y el segundo por un valor de 450.912 euros para otras 16 plazas. Ambos se extienden desde 1 de abril de 2020 hasta un máximo de seis meses, finalizando el 30 de septiembre de 2020.

Afirmó que los menores en situación de desamparo deben contar, por imperativo legal, con el cuidado de la Administración que garantice su seguridad. En la actualidad, la Comunidad de Madrid, al igual que el resto de las comunidades autónomas, está recibiendo un aumento progresivo de llegadas de menores no acompañados de distintas nacionalidades, sin documentación acreditativa.

Informó de que los centros de Primera Acogida no tienen capacidad para absorber la afluencia masiva de menores, por lo que ha sido necesario contar con dispositivos de emergencia que les pudieran prestar la atención necesaria.

Por otra parte, añadió, el estado de alarma ocasionado por el Covod-19 hace necesario proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos y contener la progresión de la enfermedad, incluyendo los recursos de atención a los menores migrantes que se encuentran en la región, lo que incide directamente en la continuidad de estas plazas de acogimiento temporal.