El partido que lidera Pablo Casado considera que ambos deben comparecer lo antes posible en sede parlamentaria para asegurar que “el Gobierno va a dejar de actuar como verdugo de la independencia judicial”.

En el caso del ministro Campo, el PP quiere que explique cómo se está ejerciendo desde su Departamento la representación y defensa en las diligencias previas abiertas por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, mediante las cuales se investigan "las posibles responsabilidades en las que hubiere podido incurrir el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid al haber autorizado las concentraciones y manifestaciones del 8-M”.

Igualmente, el Grupo Popular quiere que Campo especifique cómo se garantiza desde su Ministerio la separación de poderes y que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan desarrollar las funciones de Policía Judicial que les encomienden los juzgados y tribunales con total garantía de independencia y sin injerencia del Poder Ejecutivo.

En cuanto a la directora del Servicio Jurídico del Estado-Abogacía General del Estado, Consuelo Castro, el Grupo Popular quiere que también comparezca en la Comisión de Justicia del Congreso para que dé cuenta sobre las actuaciones que está llevando a cabo dicho organismo en el citado proceso en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid.

En esta línea, los populares han presentado una batería de preguntas al Gobierno por las actuaciones de la Abogacía General del Estado. Entre otras cuestiones, preguntan “en cuántos procesos judiciales en los que es parte la Abogacía del Estado se han emitido escritos en los que se cuestione o ponga en duda el contenido de los informes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional cuando ambas actúan en funciones de Policía Judicial”.