En el grupo de trabajo sobre Políticas Sociales y Sistema de Cuidados de la comisión de reconstrucción, Vázquez exigió "un plan de rescate para este sector estratégico". "Más de un millón de personas gitanas y miles de personas no gitanas sufrirán una crisis humanitaria sin parangón si no se actúa", advirtió.

Entre otras propuestas, pidió establecer una línea de crédito exclusiva para los trabajadores de la venta ambulante que permita invertir en nuevos productos, ya que "los mercadillos fueron los primeros en cerrar con la crisis y muchos se han quedado sin stock".

Además, destacó que "muchos créditos ICO no llegan a determinados sectores, entre ellos, el nuestro". Asimismo, propuso medidas de flexibilización como la ampliación del espacio permitido a esta actividad "para que no tengamos que andar eligiendo a los que pueden poner o no el puesto", ampliar también los días disponibles y estudiar la reubicación de algunos mercadillos. También sugirió que se permita el acceso a las ayudas a pesar de tener deudas con la Seguridad Social.

Por su parte, la subdirectora general de FSG pidió también proteger la venta ambulante con "ayudas directas" al sector y "planes de formación y mejora".

INGRESO MÍNIMO

Los dos aplaudieron la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que "va a aliviar" muchas situaciones urgentes y permitirá salir de la pobreza a muchas familias". Además, Súarez indicó que el 86% de la población gitana vive por debajo del umbral de la pobreza.

Sin embargo, los dos coincidieron en la necesidad de rebajar la edad mínima de acceso. En este sentido, la FSG propone permitir el acceso a esta ayuda a las personas con 20 años con cargas familiares, mientras que Khetane quiere incluir también a los menores de edad con hijos a cargo. En realidad, ya se contempla que los mayores de 18 años con hijos disfruten del IMV.

Vázquez pidió también que no se tenga en cuenta la residencia, pues esto excluye a mucha población gitana de origen rumano, por ejemplo. También reclamó "agilidad" en el trámite, mientras Suárez insistió en la necesidad de "itinerarios formativos, prelaborales y muy personalizados que de verdad impulsen el empleo" de este colectivo. "Para ello es preciso la participación de las organizaciones del Tercer Sector", subrayó.

Por otro lado, reclamaron un plan de erradicación del chabolismo y programas específicos para la rehabilitación de los barrios degradados.

Los dos señalaron la pervivencia de situaciones de "discriminación vergonzosas" contra el pueblo gitano y exigieron la aprobación urgente de la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, que facilite un instrumento jurídico para luchar contra ellas.

Suárez también solicitó un plan específico de lucha contra el abandono educativo del alumnado gitano, un mejor uso de los fondos estructurales y la inclusión de la perspectiva de género en todos los programas que se diseñen.