Es la reflexión expresada por la Vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, después de la reunión mantenida por el presidente del partido, Pablo Casado, con representantes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), al hilo de la medida aprobada este viernes.

El PP considera que ese ingreso es “necesario” para familias sin recursos y que es “imitación” de las medidas que su partido ya ha implantado en comunidades autónomas. Lamentó, en ese sentido, que haya faltado “la coordinación necesaria” para negociar con otras administraciones una prestación “que en muchos casos viene a suplir” las que ya existen.

Gamarra subrayó que el PP propone una “tarjeta social” desde la que se gestionen todas las ayudas, por transparencia, por responsabilidad y para evitar duplicidades que puedan impedir que esos ingresos lleguen a todas las personas que los necesitan.

En todo caso, alertó de la necesidad de emprender reformas y políticas de apoyo a sectores productivos, para garantizar un futuro a todos los españoles. Hay que asegurar que quienes están inmersos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) lo cobren, y que quienes no tienen ingresos reciban esa prestación, pero no puede ser, concluyó, “que el único futuro” que se ofrezca a millones de ciudadanos sea una renta mínima vital.

Cuca Gamarra acusó al Gobierno de “engañar” a los miles de trabajadores que se van a ver afectados por el cierre de las plantas de Nissan y Alcoa, y se mostró convencida de que “la demonización de la izquierda a la industria del motor”, las pretensiones de derogación de la reforma laboral y las “amenazas de nacionalizaciones” por parte del Ejecutivo han tenido “nefastas consecuencias”.