El Ejecutivo dió luz verde hoy al Ingreso Mínimo Vital como una nueva prestación de la Seguridad Social que podría llegar a unos 850.000 hogares en los que viven aproximadamente unos 2,3 millones de personas. De éstas, un 30% son menores, según fuentes del Gobierno.

Además, el 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monoparentales, y de ellos, casi el 90% están encabezados por una mujer.

Se fija un umbral mínimo para cada tipo de hogar, teniendo en cuenta el número de miembros y si son monoparentales. Para determinar la ayuda a percibir se tendrán en cuenta las rentas de ese hogar y su patrimonio, descontando del mismo la vivienda habitual. Así el Ingreso Mínimo Vital completaría rentas desde un mínimo de unos 460 euros al mes para un adulto solo hasta unos 1.000 euros mensuales. El coste anual es de unos 3.000 millones de euros.

De entrada, a unos 100.000 hogares se les reconocerá de oficio, con lo que no tienen que solicitarlo, y empezarán a cobrarlo a finales de junio.

Será compatible con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, de manera que el ingreso mínimo actuará de suelo común para todos los territorios, pudiendo incrementarse con las prestaciones regionales para personas vulnerables.

Incorporará incentivos al empleo, de tal forma que las personas que sean beneficiarias no se vean penalizadas en términos de la prestación al acceder a oportunidades laborales.

El Gobierno está trabajando para que la solicitud sea multicanal, de forma que se pueda pedir la prestación no sólo a través de la Seguridad Social, sino también a través de los ayuntamientos y también con ayuda de las entidades del Tercer Sector.