Esta proposición, presentada por el Partido Popular y Ciudadanos, será estudiada en el plazo de un mes junto con el resto de grupos municipales, Más Madrid, Socialista y Vox, en las mesas acordadas el pasado lunes.

En la actualidad, la ley establece que el Ayuntamiento debe amortizar de manera anticipada estos 420 millones de euros del Remanente de Tesorería, resultante de la Liquidación de 2019, como consecuencia de la inejecución de Inversiones Financieras Sostenibles aprobadas en años anteriores. Pero para ello el Gobierno de la Nación debe realizar una modificación de la legislación.

Madrid ya está realizando las amortizaciones ordinarias, por 256 millones, que permitirán acabar el año con una deuda del 1,3% del PIB, por debajo de los 2.000 millones, algo que no sucede desde 2003. Por ello, se insta “al Gobierno de la Nación a que impulse las modificaciones normativas necesarias para que las Entidades Locales, que cumplan con el objetivo de sostenibilidad financiera y sin incurrir en déficit, no tengan que destinar a amortización anticipada el remanente de tesorería para gastos generales resultante de la Liquidación de ejercicios anteriores, quedando autorizados para destinar ese importe a compensar las consecuencias económicas de cualquier tipo (presupuestarias, fiscales o patrimoniales) producidas por la actual situación de emergencia, sin que ello compute a efectos de la Regla de Gasto”.

Por el momento, el Gobierno de la nación sólo ha permitido a las entidades locales utilizar el 20% del saldo del remanente destinado a las Inversiones Financieramente Sostenibles, lo que para Madrid supone 70 millones de euros que deben ser destinados a la política de gasto “servicios sociales y promoción social” y que, además, se restan a las necesarias IFS que el Ayuntamiento debe realizar.

La proposición denuncia que, a pesar de que “las necesidades municipales crecen de manera exponencial, el Gobierno central apenas ha adoptado medidas para aliviar la situación de las entidades locales y prevé, según se desprende de las recientes declaraciones de la ministra de Hacienda, vulnerar la autonomía local e incautar los fondos de los Ayuntamientos para mejorar su liquidez”.

Y por ello, reclama que “la Constitución Española establece claramente en su artículo 137 que los Ayuntamientos somos Estado”, y solicita “que se respete la Constitución, y que los remanentes generados en los últimos años por las entidades locales, que pertenecen a las entidades locales, puedan ser gestionados por las entidades locales, quienes tienen capacidad de decidir cómo aplicarlos en las actuales circunstancias para luchar contra el coronavirus, así como para reactivar la actividad económica e impulsar el bienestar social en nuestros municipios”.

Además, la proposición vista por el Pleno “solicita que el Gobierno de España, en el marco de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, flexibilice la regla de gasto para todas las Entidades Locales con superávit”.