Esta petición se formula en medio de la polémica suscitada por el contenido del informe de la Guardia Civil sobre la celebración de eventos multitudinarios entre el 5 y el 14 de marzo, entre los que destaca la manifestación feminista. Ese informe, de más de 800 folios, sostiene que hay pruebas de que el Gobierno sabía ya del alto riesgo de contagio del Covid-19 y pese a ello autorizó la concentración.

El abogado denunciante, Víctor Valladares, pide a la titular del juzgado número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que se recaben todas las comunicaciones mantenidas relativas a la gestión de la crisis entre el Centro de Coordinación que dirige Simón y el Ministerio de Sanidad entre el 30 de enero y el 15 de marzo.

En el escrito se destacan las manifestaciones hechas por Fernando Simón a finales de febrero en las que reconocía no saber cuál era la fuente de contagio de un paciente en Andalucía, ya que no tenía relación con casos importados y, por tanto, desconocía el momento en el que el coronavirus empezó a tener presencia en España.

Según el informe remitido por la Guardia Civil a la jueza estas declaraciones “generan una gran incertidumbre e implican un riesgo para toda la comunidad". Además, el denunciante recuerda que Simón y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, mantuvieron una reunión con representantes de la Iglesia Evangélica para decirles que el congreso que preparaban no podría celebrarse por riesgo de contagio.

Si bien es cierto que ese fue el mensaje que transmitieron a los organizadores, que esperaban a más de 8.000 personas, el informe de la policía judicial no menciona que las autoridades sanitarias hicieron esta recomendación por la afluencia de extranjeros provenientes de países de riesgo que se esperaba en ese evento y en un momento en que se consideraba que no había contagio local y que los casos en España eran importados.