Tras varias tensiones dentro del Ejecutivo a causa de los plazos, se anunció su aprobación en mayo, un compromiso que hoy se hará realidad.

Se trata de una prestación estatal de nuevo cuño con el objetivo de garantizar que todos los hogares disponen de un nivel mínimo de renta para hacer frente a las necesidades básicas de sus componentes y contribuir así a la reducción de la pobreza, especialmente la infantil. Así, su fin, tal y como señala el Gobierno, es llegar a "quienes más la necesitan".

Sin embargo, no es en absoluto una Renta Mínima Universal, puesto que exige una serie de requisitos para acceder a ella.

El IMV parte del concepto de 'renta garantizada' que se ha estimado en 462 euros para un adulto solo y que se elevará hasta los 1.015 euros como máximo, en función de los miembros del hogar. La Seguridad Social abonará al beneficiario la diferencia entre dicha 'renta garantizada' y sus ingresos reales. Además, los hogares monoparentales recibirán un suplemento de 100 euros al mes.

Según avanzó ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, las primeras 100.000 familias podrán empezar a cobrar esta nueva ayuda a finales del mes de junio.

Cuando esté a pleno rendimiento, alrededor de un millón de hogares podrán beneficiarse de esta nueva prestación, cuya cuantía variará en función del número de hijos y de personas que viven en ellos. En el borrador del decreto ley que maneja el Gobierno figuran 12 tipos de hogar, con especial atención a las familias monoparentales y a las familias numerosas. Además, se calcula que supondrá una inversión que oscilará entre los 3.000 y los 3.500 millones de euros al año.

ENCAJE EN EL SISTEMA

La nueva ayuda será compatible con las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas y con otras prestaciones sociales, ya que su objetivo es complementar los ingresos de los hogares hasta alcanzar un mínimo que garantice el bienestar para todos.

País Vasco y Navarra se ocuparán de su gestión, ya que recaudan sus propios impuestos. Mientras que en el resto del territorio dependerá de la Seguridad Social y se financiará con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, lo importante es que su diseño y funcionamiento será igual en todo el Estado, dijo Escrivá, cuyo departamento se ha ocupado de su planteamiento y puesta en marcha junto al Ministerio de Derechos Sociales. De hecho, serán el ministro Escrivá y el secretario de Estado del ramo, Ignacio Álvarez, quienes hoy comparecerán para explicar sus detalles.

La intención del Gobierno es que los servicios sociales, ayuntamientos y organizaciones del Tercer Sector participen en la gestión de estas ayudas, a fin de "llegar al máximo número de familias posible".

Por su parte, las comunidades autónomas pueden decidir complementar las cuantías o bien aumentar el número de beneficiarios.

A la hora de determinar quién puede percibir el Ingreso Mínimo Vital, además de la renta y de la tipología de los hogares, se tendrá en cuenta el patrimonio de la familia, excluyendo la vivienda habitual.

La nueva prestación incluye asimismo itinerarios para la incorporación al mundo del trabajo o de carácter rehabilitador, encaminados a la inserción social. De hecho, hasta cierto nivel, podrá ser compatible con un salario para que "nadie se vea obligado a elegir" entre esta ayuda y un empleo precario.