Así lo anunció este jueves en rueda de prensa el portavoz de la plataforma, Abraham Granadino, quien cuantificó en unos 150.000 euros la indemnización que debería percibir Juárez y en 2.470 millones de euros, el montante que podrían recibir las familias de las más de 19.000 personas que la asociación calcula que podrían haber fallecido en las residencias españolas víctimas de la Covid-19.

Granadino aseguró que el de Juárez es el primer caso y que la asociación ya asesora a más de 20 afectados que podrían ejercer acciones contra residencias ubicadas en regiones como Madrid y Castilla y León a través de una plataforma que nació con el propósito de convertirse en un “cauce” para “hacer posible el deseo de dignidad y justicia que tantas personas están reivindicando”.

“Nos hemos convertido en una herramienta del ciudadano para reclamar sus derechos ante la justicia”, añadió, al tiempo que denunció que la “principal dificultad” con la que la plataforma se está encontrando en la actualidad es la “falta de transparencia”, ya que se les está “negando" el acceso a información, a su entender, "sumamente útil como cifra de afectados o documentación clínica sobre fallecidos”.

Por su parte, la directora del área de Responsabilidad Civil y Daños Personales del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo y miembro de la junta directiva de la Asociación Europea de Abogados Especializados en Daños Personales, Ana Romero, puntualizó que la reclamación presentada este miércoles se ha planteado, en concreto, frente al Departamento de Salud y el Departametno de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat por el “deficiente” funcionamiento de los servicios asistencial y de salud y la posible “falta de diligencia” en el proceso de supervisión de la residencia en cuestión.

Una reclamación presentada en vía administrativa que “no descarta en absoluto la vía civil”, que, en todo caso, se ejercería contra la residencia y su aseguradora, según apuntó Romero, para agregar que en la estimación de las cuantías indemnizatorias a reclamar se ha usado como criterio “orientador” el baremo que se aplica a las víctimas de accidentes de tráfico.

Según la abogada, esta reclamación persigue “restaurar la dignidad de las víctimas que han fallecido en un contexto de especial penuria e investigar las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento”.

Todo ello, con el “ánimo” de ayudar a “identificar” las posibles “deficiencias asistenciales” que hayan podido concurrir en estos casos y el “propósito” de promover la mejora en los protocolos de actuación en un sector de la población, a su juicio, “especialmente vulnerable y que debe ser atendido con todas las garantías de seguridad”.

Romero forma parte de un think tank europeo que, en coordinación con despachos de EE.UU., pretende identificar las posibles acciones y cambios legislativos a impulsar para asegurar una mayor protección a los afectados en residencias de mayores, entre los que citó la posible creación de fondos de compensación.

Por su parte, el portavoz de los afectados por la Covid-19 dentro de la organización, Ángel Juárez, aseguró que la plataforma busca acabar con la “impunidad y opacidad” en torno a estos más de 19.000 fallecimientos relacionados con la pandemia y “dar soluciones a muchísimos afectados”. “Esto no es un parking de coches, hablamos de personas y todo se ha llevado de modo indigno”, agregó, al tiempo que lamentó que la “mayoría” de estas personas falleció en residencias “con especial penuria y en completa soledad”.

“Si hay un resquicio para que paguen por todo el daño y el sufrimiento y dolor que han producido a miles de familias, eso no se puede dejar, simplemente por justicia”, espetó, al tiempo que consideró “clave” la realización de una auditoría “independiente” a todas las residencias de mayores para analizar lo ocurrido y “ver lo que habría que rehacer para que no vuelva a ocurrir”, convencido de que, como sociedad, “no podemos permitir que vuelva a ocurrir una cosa parecida”.

En este sentido, el abogado Alberto Ruíz, calificó de “sarcasmo” que el Estado ofreciese servicios públicos asistenciales o sanitarios de prestación obligatoria por parte de la administración y que, “cuando los ciudadanos se encuentran en una situación especialmente crítica de desvalimiento y desprotección, no se les presten”.

Finalmente, el magistrado del Tribunal Supremo y socio del mismo despacho de abogados, Rafael Fernández, aseveró que con este tipo de reclamaciones se trata de indemnizar no solo daños de carácter económico, “sino también el daño moral, que es difícil de estimar con unos criterios previos”.