El sindicato señaló en un comunicado que las fábricas de Nissan en España tienen un nivel de rentabilidad de los más altos del grupo, además de una alta flexibilidad para desarrollar diferentes proyectos en producción, como se ha demostrado con la fabricación de hasta cinco modelos diferentes hasta ahora.

A su juicio, el cierre de las operaciones industriales en España supone “unos riesgos financieros muy elevados para la multinacional, además de un impacto muy grave para el empleo en Catalunya, que es lo más importante”.

“Los costes del cierre llevan unos riesgos en indemnizaciones a trabajadores/as, indemnizaciones de contratos comerciales, indemnizaciones a proveedores, costes judiciales mercantiles y costes judiciales laborales. Gasto en infraestructuras y suelo industrial para descontaminarlo. Una cantidad ingente de dinero que muestra la equivocada decisión de la multinacional. Calculamos que asciende a más de 1.000 millones de euros”.

Comisiones asegura que no descansará “hasta convencer a la multinacional de mantener las operaciones industriales en España”, y emplaza a las instituciones españolas, catalanas y municipales a trabajar hasta lograr una solución.