Así lo aseguró durante la celebración del seminario “Las Políticas de discapacidad en la Unión Europea: la nueva Estrategia 2010– 2020”, organizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

En este sentido, señaló que la Estrategia de Discapacidad 2010-2020 se presenta en un momento “muy complicado” a nivel económico. Así, señaló la importancia de defender “nuestro argumento”, en torno al coste/beneficio. Para él, es necesario adoptar un enfoque economicista y pragmático en “nuestras argumentaciones”.

Asimismo, se refirió también a la falta de proporción en los recursos humanos con los que se cuenta; la unidad de discapacidad de la Unión Europea; la necesidad de que los nuevos fondos estructurales tengan en cuenta a las personas con discapacidad y la aplicación de la Convención entre sus prioridades.

Entre otros puntos, señaló la nueva ley europea de accesibilidad, la implementación de la convención internacional, la contratación pública para conseguir una mejora de la empleabilidad, etc., como próximos pasos que hay que dar para la aplicación de esta estrategia.

“Necesitamos entroncar lo nuestro en algo mayor, que es la Estrategia Europea 2020 y si ligamos nuestra estrategia de discapacidad con la estrategia 2020 lograremos más recursos y mejor tratamiento para las personas con discapacidad y sus familias”, concluyó.

Previamente, la directora ejecutiva del Cermi, Pilar Villarino, opinó que la Unión Europea debería intercambiar las buenas prácticas de todos los Estados miembro, así como poner en común la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad e incidió en el necesario seguimiento de aplicación de la Convención. Posteriormente, la subdirectora general de Entidades Tuteladas y Participación de la Dirección General de Coordinación de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad, Mercedes Jaraba, analizó la incidencia de la Estrategia Europea 2010-2020 en las políticas públicas españolas de discapacidad.

En este sentido, resaltó la situación en materia de empleo y apostó por la reforma del sistema de intermediación laboral, de cara a diseñar un dictamen de capacidades.