Considera que servirá para "paliar la dura situación de lo que será la escalada de la emergencia social ante la crisis causada por el Covid-19", aunque debería evolucionar hacia "una renta mínima universal", según indicó en un comunicado.

El Consejo mostró su preocupación por la tardanza en la puesta en marcha de dicha medida, ya que indicó que resulta "muy urgente".

Por otro lado, reclamó claridad en el encaje de esta nueva prestación con las rentas mínimas de las comunidades autónomas, para que "no se convierta en un nuevo laberinto burocrático".

Por ello, señaló que debería clarificarse cómo se gestionará desde los servicios sociales autonómicos o municipales, "superados en muchos territorios por la presión asistencial".

En su opinión, "la garantía de unos ingresos suficientes para la cobertura de los gastos en bienes y servicios básicos de las personas resulta crucial en este momento". Sin embargo, "las medidas a desarrollar no deben quedar limitadas a la situación de emergencia de la pandemia", prosiguió, sino que "habría que consolidar un Sistema de Garantía de Ingresos entendido como derecho subjetivo", a fin de "reducir los indicadores de pobreza estructural, desigualdad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.