Lo dijo durante su comparecencia ante la Comisión de Defensa en el Senado en la que dio cuenta de las acciones llevadas a cabo durante la pandemia e hizo un repaso de las iniciativas que pretende impulsar durante su mandato al frente del Ministerio, después de que los partidos independentistas catalanes y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, lo hayan cuestionado.

El pasado 13 de mayo Robles rubricó el compromiso que permitirá a las empresas españolas Indra Sistemas S.A., Santa Bárbara Sistemas S.A., Sapa Plasencia S.L. y Escribano Mechanical & Engineering S.L. constituirse en una sociedad anónima, “a los solos efectos de la ejecución” del contrato de fabricación del vehículo blindado VCR 8x8 Dragón del Ejército de Tierra.

El Ministerio de Defensa declaró desierto en su momento el contrato para la fabricación de 345 blindados, para el que aprobó un techo de gasto de 2.083,2 millones de euros, después haber considerado “no admisible” la oferta presentada por Santa Bárbara por razones técnicas, operativas y económicas.

La propia Robles sugirió el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados que se estaba produciendo un acercamiento entre la empresa Santa Bárbara Sistemas SAPA e Indra sobre el contrato de fabricación del vehículo blindado VCR 8x8 Dragón del Ejército de Tierra.

Finalmente, la firma de este compromiso por parte de la ministra cristaliza la unión de estas empresas, a la que se ha sumado Escribano, para sacar adelante la construcción de los carros blindados.

Durante su comparecencia en el Senado, Robles destacó que el programa de los 8x8 se remonta a 2007, cuando se decidió sustituir los vehículos empleados por el Ejército de Tierra tras varios accidentes con resultado de muerte.

Desde ese momento, dijo Robles, tanto el Ejército de Tierra, como los gobiernos del PP y el PSOE que se han sucedido hasta la fecha se han involucrado en el impulso del programa, lo que le sirvió para rechazar las críticas vertidas al proyecto, porque “no se sale al mercado a ver qué hay por ahí y se suelta dinero”.

Explicó que el plan industrial de este programa tendrá “efectos muy positivos” a nivel económico, especialmente en Asturias, Guipúzcoa, Madrid y Sevilla, donde está prevista la creación de 650 puestos de trabajos directos y 1.000 indirectos.

“Esto es un programa a desarrollar a 11 años que permitirá que las FAS tengan la protección necesaria y permitirá impulso económico y la revitalización de la industria”, concluyó.