“Hay quien habla de pérdidas pero vamos a referirnos por el momento a bajadas sustanciales de facturación, que es lo que se puede constatar sin ningún género de dudas”, dijo Somoza.

El efecto de la aplicación de la nueva ley se ha dejado sentir “prácticamente por igual” en los negocios de la provincia y en los de la capital, aunque se ha percibido “con mucha más claridad” en el sector que trabaja por la noche, según señaló el presidente de Azehos.

Por otra parte, las reuniones de amigos, la afluencia a los bares para ver competiciones deportivas y la celebración de partidas en la sobremesa han experimentado “una merma considerable, ya que la gente busca soluciones alternativas en casa o en locales privados” como respuesta a las prohibiciones que recoge la normativa que entró en vigor el pasado día 2 de enero.

“En los bares de tapas, cañas y vinos, antes de la comida y la cena, se acostumbraba a hacer un recorrido de tres o cuatro locales, con una media de dos consumiciones en cada uno y estamos detectando que los clientes tienden a hacer un recorrido más breve y con menos consumiciones, pasando más tiempo en la calle”, explicó a Ical Somoza.

“No se trataba tanto de consumir como de charlar y la ley ha reducido esa capacidad social que fomentaban los bares y puede hasta llegar a aniquilarla, cambiando los hábitos de la ciudadanía española”, añadió, indicando que “si se hubiese aceptado una norma intermedia, con el máximo respeto a los no fumadores, las cifras no se habrían resentido así”.

En cuanto a los hoteles, Óscar Somoza calificó la norma de “rocambolesca”, señalando que “se pretende que se identifiquen las habitaciones de fumadores y que estén separadas del resto pero eso no se puede hacer en hoteles pequeños”.

Además, el representante de los hosteleros y hoteleros zamoranos se refirió a las “reiteradas sentencias del Tribunal Supremo, que han determinado que una habitación de hotel es domicilio del ciudadano que la alquila como morada transitoria y en el domicilio particular no está prohibido fumar”.

Por añadidura, Somoza destacó las quejas formuladas por los hosteleros, “que tienen que hacer de policías” y consideró que “se ha corrido la voz de que la responsabilidad subsidiaria fuerte en cuanto al fumador la tiene el establecimiento”.

En este sentido, subrayó que “nos quejamos porque el que se empeña en fumar en un bar tiene una multa de 30 euros y, si el inspector entiende que se ha permitido, la sanción puede dispararse para el hostelero” y se planteó la duda sobre lo que ocurriría en otro tipo de lugares públicos cerrados. “Si alguien fuma en un cajero automático o en un cabina, ¿condenarán a la compañía telefónica o al banco por ello? No tiene sentido”, concluyó.