Este dato fue aportado este jueves en el Senado por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien compareció en comisión para dar cuenta de las actuaciones de su departamento durante la crisis sanitaria y explicar su hoja de ruta para el conjunto de la legislatura.

Durante esta comparecencia, Campo explicó que sólo el 0,002% de los empleados de la Justicia se ha contagiado por el Covid-19 durante la crisis sanitaria, aunque se han producido tres fallecimientos. El ministro indicó que este bajo nivel de contagios se debe a que, al decretarse el estado de alarma, se redujo la actuación de los juzgados hasta en un 95% y se facilitaron elementos de protección a los que siguieron trabajando.

Así, hasta la fecha se han distribuido entre los empleados de la Justicia casi medio millón de guantes, 220.000 mascarillas y unos 30.000 dispensadores de gel. El ministro señaló que las necesidades de elementos de protección están cubiertas “para un futuro inmediato” y ya se trabaja para obtener material suficiente para la fase de progresiva desescalada.

AVALANCHA DE PROCESOS

Por otra parte, Campo se refirió a que, tras el “parón” en los tribunales por el estado de alarma, su ministerio desarrollará “planes de reactivación en los órdenes jurisdiccionales más afectados por el Covid-19”. Estas actuaciones estarán basadas el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 28 de abril y ratificado en el Congreso el pasado el 13 de mayo.

Apuntó que la “imperativa necesidad de adoptar todas estas medidas” viene avalada por las previsiones que se han hecho de cómo afectará la crisis sanitaria al aumento de trabajo en los juzgados. Según los cálculos realizados, el crecimiento de los asuntos ingresados en la jurisdicción social por el Covid-19 aumentará en 2.020 hasta un 31%, llegando al 140% en 2021, con más de un millón de nuevos asuntos.

Además, se estima que la pandemia del Covid-19 provocará que en España los concursos de acreedores crezcan un 246% este año y un 619% el año que viene por las consecuencias económicas derivadas de la crisis sanitaria.

Al mismo tiempo, el ministro pidió a los partidos políticos “consenso” para reformar la Justicia esta legislatura y negó que durante la crisis sanitaria se hayan restringido los derechos fundamentales, como afirman PP y Vox. Según el titular de Justicia, durante el estado de alarma no ha habido “ninguna devaluación del Estado de derecho”, ya que sólo se ha producido una “mitigación” de la libertad deambulatoria para garantizar la salud de la población.

“EXIGENCIAS RADICALES”

Por contra, el senador del PP Fernando De Rosa reprochó a Campo que no haya garantizado los “servicios esenciales” de la Justicia durante el estado de alarma y que no haya evitado que desde La Moncloa se haya estado “manipulando el Estado de derecho” con la excusa de hacer frente al coronavirus.

Además, De Rosa censuró a Campo por no haber puesto “cordura” desde el Gobierno para hacer frente a las críticas a los jueces que han realizado el vicepresidente Pablo Iglesias y los socios del PSOE, como ERC. El senador popular pidió también al titular de Justicia no dejarse llevar por las “exigencias radicales” de partidos como el de Oriol Junqueras o de Bildu.

A su vez, Imanol Landa, del PNV, dijo que “parece necesario acentuar aún más el diálogo” en el sector de la Justicia, ya que se han evidenciado discrepancias en cuestiones que se vaya a habilitar parte de mes de agosto para evitar el colapso de los tribunales tras el parón derivado por el estado de alarma.