Calviño explicó que esa ha sido la forma de actuar del Gobierno y nada cambia, durante unas jornadas del Cercle D’Economía donde el presidente de esta organización, Javier Faus, expresó máxima preocupación por la derogación total anunciada por la formación de izquierda abertzale y después de que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dejase “en suspenso” el diálogo social si “ya está decidido lo que se va a hacer en la mesa”.

“Hoy en este foro quiero agradecer una vez más a los empresarios el compromiso y esfuerzo que también ellos están haciendo en este momento. Las empresas tienen que jugar un papel clave en la recuperación y cuentan con el apoyo de este Gobierno”, manifestó Calviño tras mostrarse contraria a la polémica abierta al respecto.

Para la vicepresidenta económica “sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento” y con la realidad que tenemos “sobre la mesa”.

En concreto recordó que España, como los países de nuestro entorno, “no enfrentamos a la mayor contracción de nuestra historia como consecuencia de una pandemia que ya arrastra más de 27.000 muertos y todavía se dan contagios y fallecidos cada día”.

Las limitaciones a la actividad y movilidad decretadas por el estado de alarma para contener la propagación desde hace más de dos meses harán caer al PIB en más del 9% este año, “con un impacto muy significativo en el empleo, con más de tres millones de trabajadores en ERTE, más de un millón de autónomos con cese de actividad y un sustancial aumento de la pobreza derivada de la crisis”, detalló, juzgando “contraproducente” abrir debates que provoquen inseguridad jurídica con esta situación.

“Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos”, abundó, para añadir que el Gobierno “tiene clara” cuál ha de ser la actividad “una vez que se está controlando la enfermedad: “recuperar la actividad económica, apoyar a las empresas y a los trabajadores”.

“Es lo que hemos hecho y es lo que seguiremos haciendo”, garantizó, apuntando a las medidas desplegadas durante la crisis para dar liquidez, flexibilizar los ERTE o asegurar una prestación extraordinaria a los autónomos que cesen su actividad “con el acuerdo de los agentes sociales y con un esfuerzo muy importante de todos los contribuyentes”. “Son medidas que se están demostrando eficaces para proteger a nuestro tejido productivo en unas circunstancias difíciles”, agregó.

Admitió que la reforma laboral podría encarar cambios, pero con el diálogo social de la mano. “Por supuesto que se pueden hacer cambios en el ámbito laboral, pero siempre con un objetivo claro: impulsar el empleo y la actividad al tiempo que se protegen a los trabajadores”, reconoció.

Según Calviño, el Gobierno “ha demostrado con hechos que vela por el interés general, que escucha” y las medias adoptadas “han sido dialogadas y consensuadas con los agentes sociales, convalidas por el Parlamento”. “Y para el futuro esta filosofía no cambia”, zanjó.