Así lo señaló durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados al responder a sendas interpelaciones formuladas por los diputados José María Mazón, del Partido Regionalista Cántabro, y Ferran Bel, de Junts per Catalunya, sobre que el Ejecutivo permita a los ayuntamientos hacer uso del remanente de tesorería acumulado gracias a los superávits de los últimos años.

En el debate de ambas interpelaciones, Montero se mostró a favor de flexibilizar la regla de gasto para permitir a los ayuntamientos un mayor uso de sus recursos, así como ampliar el concepto de inversiones financieramente sostenibles en las que utilizar su superávit, o dejar fuera de la regla de gasto los recursos que destinen a gasto social ocasionada por el coronavirus.

Sin embargo, la titular de Hacienda abogó por abordar todas estas cuestiones en un debate de las leyes que rigen las competencias fundamentales, de forma que el uso que cada administración haga de sus recursos se produzca de forma coordinada ni solapamientos, y también señaló que la Comisión parlamentaria para la reconstrucción ante la crisis del coronavirus servirá para determinar el papel que deban jugar los ayuntamientos.

Por ello, ante las afirmaciones realizadas por Mazón y Bel sobre que los ayuntamientos deben poder hacer uso de sus respectivos remanentes porque ellos lo han generado a través de su buena gestión, Montero criticó esa visión “patrimonialista” y señaló que, bajo ese prisma, el Gobierno central podría ahorrarse el fondo de 16.000 millones de euros que repartirá entre las comunidades autónomas para cubrir el gasto ocasionado por el coronavirus.

“Últimamente la política se está convirtiendo más en una pugna entre las administraciones, que parece que estamos más para pelearnos que para arrimar el hombro”, criticó la ministra, que pidió a los diputados y a los ayuntamientos “altura de miras” para alcanzar “un acuerdo por un objetivo común” y “trabajar codo con codo” de forma de cada administración aporte desde sus competencias.

Asimismo, Montero apuntó que esta semana su departamento recibió la propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para hacer uso del remanente, por lo que será estudiada en los próximos días, pero recordó que la ley deja competencias “muy limitadas” a las corporaciones locales y que, por tanto, no se dará lugar a una duplicidad de los servicios que presta cada administración.

“Este Gobierno quiere ampliar el marco competencial de los ayuntamientos”, aseguró Montero, que reivindicó el ánimo municipalista del Ejecutivo de coalición, pero puso en duda que otras formaciones estén dispuestas a ceder a los ayuntamientos competencias que actualmente recaen en la administración central o en las comunidades autónomas.

Por su parte, el diputado del PRC, José María Mazón, pidió al Gobierno “actuar cuanto antes” en esta materia, permitiendo que los ayuntamientos puedan hacer uso del remanente de tesorería acumulado en los últimos ocho años, y propuso canalizar buena parte de éste a través de obra pública que actúe como motor de la economía e inyecte dinero en el tejido productivo.

En cuanto a Ferran Bel, el diputado catalán reclamó a la ministra “concreción” sobre cómo se permitirá el uso del remanente y destacó que los ayuntamientos son “la primera trinchera” ante los problemas y necesidades de los ciudadanos, así como que se trata de administraciones “adultas y responsables”, por lo que criticó que “después del esfuerzo hecho durante tantos años, estos remanentes acumulados, ahora que son momentos difíciles, no se pueden aplicar”.