Así lo señaló el sindicato en un comunicado en el que exigió al Gobierno “que informe con claridad sobre la carga de trabajo en el SEPE, para evitar episodios de acoso y violencia contra funcionarios”, como los denunciados la semana por el propio CSIF, que advirtió sobre la existencia de un “clima de hostilidad” por el retraso en el pago de las prestaciones por desempleo.

En este sentido, la central sindical subrayó “la situación de extrema debilidad” de la plantilla del SEPE “ante la escasez de recursos y efectivos frente a la situación de excepcionalidad respecto al desmembramiento del tejido productivo en España”.

“Partimos de la circunstancia de que miles de personas afectadas por un ERTE y otras prestaciones siguen pendientes de percibir la prestación, pese a las reiteradas afirmaciones por parte de la Ministra de Trabajo en las que indica ser una cuestión resuelta”, indicó CSIF, para a continuación añadir que “esta situación genera incertidumbre, decepción y desde luego vulnerabilidad en este colectivo de desempleados, que traslada su profundo malestar a los trabajadores del SEPE, que son quienes dan la cara con su trabajo diario ante la irresponsabilidad reiterada de las declaraciones políticas”.

Según datos del propio Ministerio de Trabajo, recordó que la tramitación de expedientes de prestaciones por desempleo respecto al mes de abril del año pasado se ha incrementado de media un 530%, “mientras que la plantilla apenas se ha incrementado un 10% debido a la incorporación extraordinaria de personal interino sólo para seis meses”, con “780 interinos de los 1.000 comprometidos por el Gobierno hace dos meses, sobre una plantilla de 6.601 personas encargadas de tramitar actualmente los expedientes”.

Por regiones, el aumento de expedientes va desde provincias como Palma de Mallorca, donde se ha producido el mayor incremento de cargas de trabajo (con cerca de un 1.300%), hasta otras como Álava y Girona (900%), Barcelona y Madrid (800%), Zaragoza (600%), Las Palmas y Valladolid (700%), Cuenca (600%) y La Coruña con un 500%, entre otras.

Además, CSIF apuntó que se estableció el estado de alarma el 14 de marzo, “de forma decididamente voluntaria y desinteresada, la mayor parte de la plantilla está trabajando a doble turno y siete días a la semana, festivos incluidos, con el fin de dar cobertura a las personas que se han visto afectadas por esta auténtica emergencia social y que están atravesando por una dramática situación”.

Sin embargo, advierte que “la desinformación generada por la propia ministra de Trabajo y otros miembros del Gobierno; los errores en la documentación que aportan las empresas; el colapso de la autoridad laboral respecto a la obligatoriedad en la constatación de la “fuerza mayor” en los ERTE; y la necesidad de esperar por parte del SEPE a que se produzca el silencio administrativo para iniciar la tramitación de los expedientes que no pueden ser constatados por ese órgano, así como las modificaciones en la presentación de dichos procedimientos que realizan las empresas sobre la marcha, están lastrando la gestión de los expedientes de una manera especialmente relevante”.

Asimismo, CSIF indicó que además de los ERTE y el resto de medidas extraordinarias puestas en marcha con motivo del coronavirus, el SEPE también tramita las prestaciones ordinarias que ya existían antes, como las prestaciones por desempleo de más de dos millones de personas.

Por todo ello, el sindicato reclama al Gobierno actúe “de inmediato, exponiendo con claridad el esfuerzo titánico de esta plantilla y, sobre todo, las tremendas dificultades que afectan a la gestión de las prestaciones por desempleo que ya hemos expuesto”.