Esta tramitación de emergencia se deriva de la situación creada por la pandemia del coronavirus y la subsiguiente aprobación del estado de alarma.

Esta situación de emergencia sanitaria mundial provocó que un gran número de españoles que se encontraban en países iberoamericanos no pudiera regresar a España como consecuencia de la cancelación por parte de las compañías aéreas que operan regularmente esas rutas aéreas o debido al cierre de fronteras decretado por las autoridades.

Ante la imposibilidad de alternativas comerciales que permitieran el regreso de turistas españoles que se encontraban en varios países iberoamericanos como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades de aquellos lugares para hacer frente a la crisis del coronavirus, se tuvieron que habilitar los medios necesarios para la repatriación de los mismos con la mayor premura posible.

Por ello, se procedió, con carácter inmediato, a la contratación de un servicio de transporte de un vuelo chárter por importe de 544.486,47 euros.

La contratación de este servicio de transporte se realizó mediante tramitación de emergencia, al poderse subsumir en uno de los supuestos contenidos en el Artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid-19.

Por su parte, el Artículo 2.2.j) de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, establece entre los objetivos de la Política Exterior de España “la asistencia y protección a sus ciudadanos”.

Al mismo tiempo, de acuerdo con el Artículo 1 del Real Decreto 1271/2018, de 11 de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y por el que se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, corresponde a Exteriores “proteger a los españoles en el exterior”.